Privatizar la minería

El investigador Henry Oporto concluye que existe un derrumbe del modelo económico minero en Bolivia pues se da una paradoja: “mientras la política de gobierno ha apuntalado un modelo estatista-cooperativista en la minería, la minería boliviana se sostiene por la producción, exportación e impuestos de la minería privada”. La mayor cantidad de exportaciones y recursos provenientes de las regalías se deben a la producción de la empresa privada. Entonces, este investigador concluye que la política estatista y cooperativista es insostenible, funcionó mientras los precios estaban por las nubes, pero en un escenario de precios deprimidos el modelo implosiona. El Gobierno corporativo y clientelista realiza un cuoteo político y sindical de las instituciones mineras, así, comparte poder con sindicatos y cooperativas, produciendo únicamente disputas de beneficios, prerrogativas, privilegios con el objetivo de capturar la renta minera. Por eso, la lógica del modelo minero no es producir más riqueza ni ampliar el aparato productivo, sino extraer y apropiarse de las rentas y la riqueza excedente hasta su agotamiento, sin importar que la extracción sea agresiva o no, con el medio ambiente. Además, los proyectos rentables mineros provienen de periodos anteriores al evismo; también el Gobierno confisca la renta de las empresas privadas vía impuestos y regalías de manera irracional (somos un infierno fiscal según el índice del Instituto Fraser, disputando el campeonato con Venezuela y Zimbabwe); asimismo, en Comibol se tienen empleados supernumerarios, los salarios y bonos desmedidos sin contrapartida de productividad (esto último es sintomático, también presente en YPFB).

En base al diagnóstico de Oporto, propongo cambiar la Constitución Política del Estado y el Código de minería para hacer viable y potenciar la minería privada, pero no para beneficiar empresas transnacionales, sino para devolver a los campesinos e indígenas originarios lo que fue suyo y de sus abuelos, no sólo entregarles meras concesiones sino reconocer la propiedad privada sobre el suelo y subsuelo con todas las riquezas que puedan existir en el interior, transitar hacia un país de propietarios. Esto es capitalismo para todos, capitalismo para los pobres.

Las tomas violentas de minas por parte de comunarios e indígenas originarios se realizan porque no existe una correcta definición de los derechos de propiedad. Así persistirán los conflictos y violencia social porque los propietarios originarios no tienen control sobre sus tierras, lo que no se gana con las reglas se gana a patadas (el fenómeno del polizonte). Esta hipótesis fue planteada magistralmente por Enrique Ghersi, quien nos indica que la propiedad está escindida en su naturaleza. Los propietarios del suelo, sean indígenas, comunidades o pueblos pobres no son dueños del subsuelo. Esta injusticia provoca que las víctimas rechacen la minería del Estado y sus clientes transnacionales, así el Estado expropia y viola la propiedad de las personas. Si los indígenas originarios fueran dueños de propiedad privada en los cerros y la selva y no así meros poseedores, serían exitosos empresarios como los indígenas norteamericanos, además de ser amigables con la naturaleza y preservar su cultura, fruto del empoderamiento legal y económico por tener derechos de propiedad, para poder ser sujetos de crédito financiero e inversión. Finalmente, debemos preguntarnos: ¿Por qué los citadinos tienen derechos propietarios consolidados y los indígenas no?

Los indígenas son orgullosos y no desean las dádivas del Estado y las empresas transnacionales, por eso debemos privatizar el suelo y subsuelo a su favor, devolverles lo que fue suyo, sin envidia ni celos, ese es un acto de justicia.

El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).