La reforma judicial

Tenía previsto no opinar más, al menos por el momento, sobre la ruta crítica que debe transitar la justicia boliviana, para iniciar su reforma, desde una perspectiva de política pública. No obstante, debido a los últimos sucesos, que dan cuenta de una propuesta del Órgano Judicial (OJ), tras su PreCumbre, y de las reacciones antidemocráticas de la Ministra de Justicia, otros interlocutores del Gobierno y hasta algunos generadores de opinión, resulta irresponsable no pronunciarse por la identidad, compromiso y trabajo de décadas en la materia.

Y más allá de la forma en que fueron elegidas y el perfil de las autoridades que han gobernado a las instituciones de justicia en los últimos años, lo que ha caracterizado su relación entre ellas y la población, es la primera vez, en los últimos 10 años, que el OJ, liderado por su Presidente, gracias a la cooperación de la Unión Europea, realiza el ejercicio de discutir pluralmente su situación y plantea con firmeza al país una propuesta. Horas después tirios y troyanos enfilan sus baterías para descalificarlos; exhibiendo un supino desconocimiento de datos y cifras y  niegan la posibilidad de que el OJ posicione sus propuestas y avance hacia su independencia. No los entiendo, sobre todo a los que critican con sesgo y mezquindad, haciendo comparsa al discurso predominante, pese a haber tenido gestión y gobierno en instituciones judiciales, en décadas pasadas.

¿No es acaso una tarea pendiente en el país consolidar la autonomía judicial y la independencia de los jueces?. Sin estos presupuestos, en Brasil ¿habría un Tribunal que esté investigando al expresidente Lula?, ¿en Colombia la Corte Constitucional le hubiese negado a Álvaro Uribe la opción de ser reelegido presidente?, ¿o en Perú la Corte Suprema hubiese dispuesto el encarcelamiento de Alberto Fujimori?

Soy de los que creen en las propuestas formuladas por el OJ; sobre todo en materia económica por ser precondición para su autonomía institucional y aquellas que suman al desarrollo del pluralismo jurídico. No habrá reforma judicial con un presupuesto reducido al 0,56 por ciento, cuando en propaganda estatal se gasta cuatro o cinco veces más. La justicia jamás será accesible si jueces, fiscales y defensores de oficio existen en menos de la mitad de municipios del país. La mora judicial no desaparecerá si para 10,5 millones de habitantes (con crecimiento de 3 por ciento anual) hay apenas 1.006 jueces y si en los tribunales del país anualmente se atienden más de 810.000 casos. Los procesos judiciales seguirán siendo enmarañados y demorados si es que el Órgano Legislativo no cumple su función -ya aplazado por años- de dictar un marco jurídico coherente con el mandato constitucional y el Derecho Internacional de los  DDHH; pero sobre todo coordinado con el Ejecutivo para asegurar su implementación y respetando al Judicial. Puedo seguir enunciando realidades que se ignoran deliberadamente, por lo que igual o mayor responsabilidad tienen de la crisis judicial los Órganos Ejecutivo y Legislativo. Así, una Cumbre Nacional de Justicia resulta innecesaria, porque no exhibe una real voluntad política de dar independencia ni recursos económicos y legales a la justicia. Ya el OJ hizo mea culpa en la pre Cumbre y está dispuesto a trabajar -coordinadamente- con los demás Órganos del Estado. El reto está planteado y el país debe saberlo.

En esa perspectiva la Ministra de Justicia y su equipo cometen el grave error de seguir excluyendo, descalificando y arrogándose la titularidad y exclusividad de propuestas de cara a mejorar la justicia. Han tenido 10 años para hacerlo. Están perdiendo la perspectiva de proceso plural y de consenso, que conlleva una reforma judicial; la que por cierto -además- deberá estar respaldada por las instituciones de sociedad civil independientes, con opinión, propuesta y apoyo crítico, una cooperación internacional desconcentrada y ampliada y medios de comunicación responsables. No se le puede seguir negando al pueblo de Bolivia, con un doble discurso, la posibilidad de tener una justicia democrática.

El autor es abogado.