Los condenados de la tierra

Esta columna toma el título de un autor marxista, Franz Fanon, que luchó por los más humildes y vulnerables, los por condenados de la tierra. Las personas con discapacidades son uno de los grupos más vulnerables y pobres de nuestra sociedad, pero todos ellos son seres humanos que merecen vivir con dignidad y, sí su Estado y sociedad les brinda las condiciones, también son personas de gran valía profesional, humana y deportiva. En otras partes del mundo se conocen miles de ejemplos donde brillan como profesores, obreros, empresarios y científicos, tal vez el caso más brillante es Stephen Hawking. Es desgarrador e inhumano que el Estado y la sociedad demos la espalda a una comunidad que puede dar mucho por nuestro país, que la indiferencia e insensibilidad los condenen a ser  los desheredados de la tierra.

El pedido central de los discapacitados es una renta de 500 Bs mensuales. Coincido con el Gobierno que éste es un problema multidimensional, abarca temas de educación, empleo, soporte familiar, cuidado médico, servicios, viviendas, etc. En esta dirección el Gobierno ha firmado acuerdos con una parte de las organizaciones de las personas discapacitadas. Enhorabuena y ojalá que se incorpore, al grupo que está en las calles, a estos beneficios y a todos se les cumplan los compromisos. Pero un tema central pendiente es cómo financiar  una renta mensual de 500 Bs, equivalente  a 28 por ciento del actual salario mínimo, para las personas con discapacidades extremas, aquellas que no podrían trabajar para sostenerse, por ejemplo.

Bueno, primero veamos algunos números. Según el Censo realizado por el Ministerio de Salud existirían 41.590 personas en esta condición. Por lo tanto, si cada una recibe 500 Bs por mes, esto equivaldría a 20,79 millones de Bs y en un año estaríamos hablando de 249,54 millones o 35,8 millones de dólares. Éste es un valor menor a lo que costó el avión presidencial o equivale al 0,1 por ciento del producto interno bruto (PIB), toda la riqueza generada por el país en un año. Poco dinero para un país que se jacta de ser la economía que más crece en América Latina y se da lujitos como el Dakar.

Entonces la pregunta central es cómo financiamos estos recursos para los próximos años de manera sostenible. Respuestas tradicionales, y que ciertamente van en la dirección correcta,  son cortes en gastos o inversiones innecesarias. Las soluciones más comunes colocadas en el debate son:  i) que el Ministerio de Comunicación no dilapide plata en propaganda. En estos días es surrealista, para decir lo menos, que se gasten miles de bolivianos para desprestigiar la marcha de las personas discapacitadas; ii) que se corten los sueldos de los diputados y asambleístas suplentes; iii) que se posterguen los gastos en los palacios que se comenzaron a construir, y iv) un largo etcétera de gastos e inversiones superfluas e innecesarias. Por el lado de los ingresos, las propuestas son que se cobren impuestos a los productores de coca, y/o los comerciales grandes; que se aumenten las tasas impositivas al alcohol, tabaco u otros sectores; que aumenten impuestos a los salarios altos. Por el lado de los ingresos, también la lista es muy grande. En todos los casos significan pérdidas o ganancias de proyectos estatales, personas o empresas.  Meter la tijera al presupuesto siempre es una tarea ingrata y compleja pero se podría conseguir parte de los recursos por estas vías para la renta de las personas discapacitadas.

Una otra alternativa, en mi opinión más interesante, es conectar la generación de estos ingresos a la propuesta de desarrollo del Gobierno conocida como Agenda Patriótica 2025, así se enfatizaría el lado social de esta propuesta.  La Agenda propone gastar, en los próximos nueve o 10 años, como 48 mil millones de dólares y si a esto sumamos unos 12 mil millones de inversión extranjera directa, grosso modo estamos hablando como de 60 mil millones en total o 6 mil millones por año.

La propuesta es destinar el 0,65 por ciento de la inversión pública y extranjera directa ejecutada para un fondo que sirva para pagar la renta de 500 Bs para las personas con discapacidades graves, esto significaría 390 millones dólares por 10 años y 39 millones por periodo, más que suficiente para cubrir el requerimiento de 41.590 personas. Ahora bien, supongamos que con un nuevo censo de personas con discapacidad doblamos la cantidad de éstas, por lo que se necesitaría 72 millones de dólares, el porcentaje de participación sobre las inversiones públicas y privadas extranjeras de la Agenda 2025 sería de 1,3 por ciento, una cifra muy manejable.

El Gobierno nacional sostiene que con el nuevo modelo económico en vigencia estos recursos están garantizados para los próximos 9 o 10 años, por lo que la sostenibilidad de la renta también estaría garantizada. Bueno, ¿qué pasa después? Dos caminos posibles a seguir que no son excluyentes. Primero,  que si la inversión pública sigue elevada, pues se mantiene la participación, y por lo tanto, los ingresos para el fondo para las personas con discapacidades estaría garantizado. Segundo, si la inversión pública se redujera, se puede crear un impuesto pequeño a las empresas públicas creadas justamente con la inversión de la Agenda 2025.

Por supuesto es posible que la solución para la renta de 500 Bs no provenga de una sola fuente, tal vez también sea necesario cortar, racionalizar y reasignar  gastos o inversiones actuales y crear nuevos impuestos. Ésta es apenas una de las posibilidades para viabilizar la renta de la gente que más necesitada del país, seguramente existen muchos economistas con otras sugerencias para solucionar este problema. Los números se pueden ajustar, lo importante es el concepto. Ideas no faltan, lo que no existe es voluntad política. Estado (nacional y regional) y la sociedad civil tienen el deber moral y ético de apoyar esta causa. Si se piensa que las personas con discapacidades amenazan al régimen --por lo que se necesita enrejar la plaza Murillo-- es porque los miedos del poder son muy profundos y el alma se les ha congelado o han perdido todo sentido de la realidad.

El autor es economista.