Los grandes, grandes, negocios

El forcejeo desesperado, el proyectil que se dispara, el cuerpo que cae, la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach en el zaguán de la casa número 601 de la avenida Tejada Sorzano; el juicio, la cárcel para el segundo hombre del MAS, las preguntas irresueltas, son los recuerdos dispersos que subsisten del primer gran escándalo de corrupción en YPFB que estalló durante la vigencia de este Gobierno.

El flujo continuó y se fue acumulando, con el apresamiento del alto ejecutivo, arrestado de casualidad con cientos de miles de dólares en la guantera de su automóvil; la construcción de enormes obras que funcionan apenas, o no funcionan, por falta de materia prima, hasta los tres taladros de “Drillmec”, cuyo costo se incrementó en 50%, y el último descubrimiento que involucra la obra más grande y ambiciosa de la estatal petrolera: la Planta de propileno polipropileno (para fabricar plástico en un planeta asfixiado con plástico) con un costo estimado de 2.000 millones de dólares, cuyo diseño, revisión y construcción se encomendaron a una sola empresa, la italiana Tecnimont.

Pero si entre YPFB, la construcción de ingenios mineros bajo tuición de Comibol y otras empresas públicas se amontonan las denuncias y casos probados de ineptitud, estafa, fraudes y desviación de fondos, por cientos y decenas de cientos de millones de dólares, los grandes, gigantes y mayores casos en perspectiva se encuentran todavía en la incubadora.

El programa de Gobierno, propagandísticamente llamado “agenda patriótica” es un plan de monumentales inversiones con estudios deficientes y mercados inciertos que convertiría a los actuales casos descubiertos de malversación y derroche de recursos colectivos en auténticas pequeñeces.

Tómese como ejemplo la intención de construir la represa del Chepete, antecesora de la de El Bala, con un costo inicial de 7.000 millones de dólares (350% mayor a la planta de propileno polipropileno) y que es parte de un programa de inversiones en grandes represas con un presupuesto de 27.000 millones de dólares. Cuando una gran represa tiene un costo de partida de 7.000, sabemos, por experiencia propia e internacional, que terminará costando 12 o 15 mil millones. Ha pasado con Santo Antonio y Jirau en Brasil, sobre la misma cuenca en la que se quiere construir el Chepete.

¿Mejoran las posibilidades de que las grandes represas sean menos inclinadas a ser pasto de negociados, coimas y fraudes si son binacionales, como nos propone Brasil con Ribeirão? No, como lo prueba Yaciretá (Argentina-Paraguay), que con un presupuesto original de 1.500 millones de dólares “llegó al costo final de 11.500 millones de dólares, de los cuales 7.000 millones de dólares correspondieron a costos financieros y 1.000 millones de dólares a estudios de consultoría. Hasta hoy se ignora el paradero de 3.500 millones de dólares”.

Con el destape en Brasil de las vinculaciones entre Petrobras, Odebrecht, Gutierrez Andrade y todas las demás megaconstructoras, vuelve a demostrarse que las obras públicas son la vía regia para convertir a los administradores del Estado en nuevos y ricos, y la administración del Estado en la organización criminal más exitosa de los tiempos contemporáneos. Pasa en países pobres y en ricos, en grandes y pequeños, en desarrollados y atrasados.

Esa tendencia sólo empeora cuando los enormes proyectos son tributarios del modelo extracto-desarrollista, caracterizado por la explotación depredadora de recursos naturales en pos de alcanzar el patrón industrial y los hábitos de consumo característicos de las potencias centrales. No importa cuánto ese modelo trate de ocultarse bajo versos antiimperialistas y revolucionarios.

La viciosa alianza entre políticos profesionales y megaempresas constructoras y de servicios no ha podido contenerse ni en países con jueces independientes como Brasil, menos aún en aquellos donde el aparato de administración de justicia se encuentra al servicio del poder político y económico y donde la madre de la corrupción radica en la obsesiva carrera para mantener el poder en contra de la ley, la Constitución y el explícito pronunciamiento democrático de la sociedad.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.