Dura sentencia a Zapata no despeja dudas sobre el caso

País
Publicado el 24/05/2017 a las 1h14
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La sentencia contra Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, y otros coimputados, fue calificada por opositores y abogados como una determinación que tiene como objetivo liberar de culpa a altas autoridades del país. Aseguran que Zapata fue “sacrificada” para que no se sepa la “verdad”.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer (La Paz) dictaminó ayer la privación de libertad de Zapata por 10 años al ser hallada culpable de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, y uso de bienes y servicios públicos.

Sin embargo, esta decisión fue cuestionada por la oposición y algunos juristas, en sentido que todo fue un show montado, un juicio arreglado con el único fin de limpiar la imagen de algunas autoridades o mandamases del Movimiento Al Socialismo (MAS) porque dejaron varios aspectos sin investigar relacionados con la empresa china Camce y a algunos ministros de Estado, como ser Juan Ramón Quintana, Milton Claros y César Navarro.

El jefe de bancada de Unidad Demócrata en Diputados, Wilson Santamaría, afirmó que se han demostrado verdades materiales pese a todos los esfuerzos que realizó el Gobierno por desvirtuar el caso y que se armó una tramoya en torno a Zapata para afectar la imagen del presidente y pierda el ‘referéndum del 21 F’, y el pueblo le diga NO a una nueva reelección.

“Para nosotros tiene una connotación, ha pretendido lavar la imagen de varios jerarcas del gobierno que hoy, en algunos casos, han sido premiados inclusive como embajadores. Sólo se ha sancionado a algunos cuantos ciudadanos del nivel intermedio, choferes, funcionarios administrativos, cuando los verdaderos actores del proceso son gente vinculada a las más altas esferas del Gobierno que han hecho posible que Gabriela Zapata haya podido tender una red de corrupción y poder”, sostuvo en conferencia de prensa.

Recordó que, en varias oportunidades, Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia, afirmó que su desempeño en esas oficinas era conocido por el exministro Juan ramón Quintana, quien conocía de todos los movimientos de la dependencia.

Por su parte, el senador Oscar Ortiz miembro de la Comisión Especial que investigó los contratos con la empresa Camce, calificó como un juicio arreglado, porque la responsabilidad fue a recaer en Zapata, exfuncionarios de menor jerarquía y empresarios.

“Se hicieron a un lado los delitos que debían ser juzgados como uso indebido de influencias, conducta antieconómica, por los daños evidentes en las contrataciones gracias a las influencias que tenía Zapata para ayudar a la empresa Camce”, indicó.

 

ARROGANCIA DEL GOBIERNO

Williams Bascopé, abogado constitucionalista, lamentó la forma en que se desarrolló este proceso toda vez que el único fin de acabar lo antes posible era echar tierra a un asunto que ha desnudado la soberbia y la arrogancia de autoridades de Gobierno.

Manifestó, que, si bien existen quejas de la falta de un debido proceso, los abogados tienen toda la facultad de apelar la decisión tomada por el tribunal de sentencia, pero que en todo caso ese es el mal menor porque grupos de poder han organizado todo un movimiento para ocultar la verdad del hecho y que no les tembló la mano para hacer caer unos cuantos peones.

“En este caso es bien extraño, lo están haciendo por tapar y olvidar este tema. La sentencia de 10 años no es nada en comparación del daño que se ha hecho al Estado por el tema de la Camce, por el tema de las empresas chinas que se han adjudicado obras con la gestión de varios operadores y tráfico de influencias”, señaló Bascopé.

 

ABOGADO DE ZAPATA CUESTIONA SENTENCIA

Denuncian que no había informe pericial en juicio

El abogado de Gabriela Zapata, Carlos Torrico, señaló ayer que durante todo el juicio oral contra su defendida y otras cuatro personas, el Ministerio Público no presentó una sola prueba consistente que respalde los cinco delitos por lo que se les acusaba.

Además, dijo que antes de conocer el fallo en los pasillos del tribunal se comentaba exactamente los años de cárcel que se les iba a dar a cada uno de los procesados. “No ha variado ni un milímetro de lo que se conocía en pasillos”.

Agregó que en este proceso tampoco había peritos, “porque no ha habido ni una sola pericia en relación a demostrar ese delito precedente y subyacente que es lo correcto. Debió haber entrado una empresa que haga auditoría de todo lo que son ingresos económicos de Gabriela Zapata para establecer cuáles era lícitos, cuáles eran los elementos de prueba que demostraban  y generan el tipo penal”, explicó.    

Otro aspecto que llamó la atención del jurista es que al menos ocho libros de registro de ingreso de la Unidad de Gestión Social desaparecieron. “El Órgano Legislativo ha determinado que no ha existido  daño económico al Estado, por lo tanto, sino ha existido daño económico al Estado no puede existir legitimación de ganancias ilícitas con afectación al Estado. Eso es lo que ha pasado ayer (martes), se ha emitido una sentencia condenatoria  que lo único que ha hecho es complicar más la situación jurídica, no estamos hablando de aspecto político”, señaló.

Torrico reiteró que el fallo  fue “forzado y político. Fuera de que sea atentatorio e ilegal, armada y fabricada la sentencia, está abriendo una posibilidad de cuestionantes”.

Apelación

El abogado Carlos Torrico señaló que la sentencia contra su defendida, Gabriela Zapata, será leída inextenso este viernes y a partir de la notificación se abre el lapso de 15 días para presentar la apelación contra ese fallo.

“Los argumentos son que no ha habido un manejo correcto del tipo penal y la forma correcta de  generar los antecedentes que subsuman este tipo penal. Se ha manejado de forma genérica el delito de la legitimación de ganancias ilícitas sin especificar a qué subtipo penal se refiere”, dijo Torrico.  A ello se suma que el Tribunal no permitió la inspección y reconstrucción en la casa de Zapata. 

 

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