Elecciones judiciales
La realidad ha podido más que los intentos de seguir forzando una selección amañada de quienes buscan ser postulados como candidatos al Órgano Judicial Plurinacional y al Tribunal Constitucional Plurinacional
La realidad ha podido más que los intentos de seguir forzando una selección amañada de quienes buscan ser postulados como candidatos al Órgano Judicial Plurinacional (OJP) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Muchas han sido las advertencias a los asambleístas del oficialismo respecto a que la forma altanera y poco democrática de actuar en esta crucial selección terminaría en un rotundo fracaso, situación que no sólo les afectaría a ellos sino al país. Más aún si hemos vivido un proceso similar el año 2011, experiencia que incluso los primeros mandatarios tuvieron que reconocer que agudizó aún más la crisis de la administración de justicia, luego de asegurar, en un principio, que este proceso de elección se convertiría en un ejemplo para el mundo.
Sin duda, los sucesivos administradores del Órgano Ejecutivo han buscado subordinar la administración de justicia a sus intereses, antes que crear un sistema fluido de coordinación como manda la Constitución Política del Estado (CPE), lo que puede explicarse por los largos períodos dictatoriales que sufrió el país. Sin embargo, a medida en que se iba consolidando el sistema democrático y en respuesta a una creciente demanda ciudadana en la reforma constitucional de 1994 se dieron pasos alentadores en dirección a impulsar la independencia del entonces llamado Poder Judicial. Lamentablemente, dada la presión desde el Ejecutivo y la presencia de corrientes autoritarias dentro del MAS y varios de sus aliados de entonces, en la nueva CPE se optó por la elección popular de las autoridades judiciales y dada la mayoría oficialista, se retornó a las viejas prácticas de copamiento del Órgano Judicial, esta vez disfrazadas de una amañada selección de postulantes.
Los resultados de esa actuación son absolutamente negativos. Se ha profundizado la crisis del sistema de administración de justicia, la que se observa con un creciente ingreso de funcionarios incompetentes, la generalización de la corrupción y se ha agudizado su dependencia del Gobierno y de factores de poder corporativo.
Pese a ello, el oficialismo, por intereses sectarios y su afán de prorrogarse en el ejercicio del poder, pareciera decidido a repetir el error cometido el 2011. La diferencia, empero, es que han variado las condiciones para hacerlo. De ahí que ha tenido que declarar desierta la convocatoria para las elecciones de jueces y magistrados de los Tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (manteniendo el proceso respecto a los magistrados del Tribunal Agroambiental y los miembros del Consejo de la Judicatura), decisión que debiera ser aprovechada para reencauzar el proceso de selección de postulantes para que personas idóneas moral y profesionalmente decidan presentarse a las convocatorias y así garantizar que los jueces y magistrados del TSJ y el TCP, además de enfrentar la crisis que atraviesan y recuperar la confianza de la población en el sistema judicial, se conviertan, como manda la CPE, en garantes activos de la pacífica convivencia ciudadana, el pleno respeto a los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho, condiciones indispensables para la buena gobernanza y el desarrollo.
Ir por otro camino, es avanzar al desastre.
