Goni y Sánchez apelarán veredicto y convenio revela que indemnización debe repartirse entre 64 familias
Luego de que el jurado de la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos, declaró responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, por la muerte de ocho civiles en los hechos de septiembre y octubre de 2003, se espera la fase de apelaciones.
Los abogados de las exautoridades, Stephen Raber y Ana Reyes, aseguraron que el veredicto no fue dictaminado en base a derecho y leyes. Señalaron una inconsistencia por lo que pidieron una sesión para el 4 de mayo donde se deliberará el tema de las apelaciones.
“Creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado (...). Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto será revocado cuando la ley se aplique correctamente”, afirmaron los juristas en una declaración escrita.
Según explicaron fuentes que siguen el caso en EEUU, la sentencia puede ser revisada por el juez e incluso luego los acusados pueden acudir a instancias superiores para apelar su sentencia, hasta llegar a la Corte Suprema norteamericana.
El abogado Thomas Becker, principal impulsor del juicio civil, dijo que el veredicto “es un mensaje al mundo. Nunca antes unas personas humildes como ellos habían sentado a un expresidente ante un tribunal y habían ganado”.
Ambas exautoridades fueron halladas responsables de "ejecuciones extrajudiciales" cometidas durante la masacre de Octubre Negro en el año 2003, pero el jurado los exoneró de haber cometido "homicidio culposo".
El juicio tuvo lugar gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales, aunque todas las partes sean extranjeras y el supuesto crimen haya sido cometido en el exterior.
La repartición de la indemnización
Asimismo, aún se tiene que definir la repartición de la indemnización impuesta por 10 millones de dólares. El jurado estadounidense determinó que son ocho personas las que deben ser beneficiadas con este dinero.
Sin embargo, Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, indicó ayer que el dinero debe repartirse entre las 64 familias afectadas ya que existe un convenio interno firmado entre todas las víctimas.
“Nos han indicado que en Estados Unidos se estableció que es para las ocho personas, pero en Bolivia es para toda nuestra organización (...). Hemos firmado acuerdos y todo eso se hará prevalecer en el tiempo”, aseguró Quispe.
En octubre de 2003, la ciudad de El Alto se convirtió en una zona de fuertes enfrentamientos. Ese mes murieron muchas personas y cientos quedaron heridos por proyectiles de bala. Los militares se enfrentaron a la población civil y, para llegar a esto, los uniformados necesitaban la orden de un mando superior.
