Lecciones que deja el conflicto de Incahuasi
Tal como era de prever, la presentación de los resultados del segundo estudio técnico encargado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa Sproule International Limited sobre el campo gasífero Aquío-Incahuasi en nada ha contribuido a zanjar el diferendo limítrofe que ha puesto en pie de guerra a los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca.
No podía esperarse otro resultado pues nunca hubo motivos para poner en duda la veracidad de las conclusiones del primer estudio, el encomendado a la empresa canadiense GLJ Petroleum. La base del conflicto nunca fue la real ubicación y extensión del reservorio, a varios miles de metros bajo tierra, sino su relación con la línea trazada en la superficie. Por eso, como se advirtió oportunamente, el segundo estudio no fue nada más que un multimillonario derroche de dinero.
Siendo tan evidente la real naturaleza del conflicto, resulta incomprensible la tozudez con que el gobierno nacional se empecinó durante los últimos años en eludir su obligación de llevar a la práctica el mandato de la Ley 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, promulgada en enero de 2013. Al actuar de manera tan negligente abonó las condiciones necesarias para que el conflicto se agrave hasta llegar al punto actual.
El asunto tiende a complicarse más aún si se considera que el diferendo de Incahuasi no es el único que se cierne como una amenaza sobre la armoniosa convivencia entre los habitantes de los diferentes departamentos y municipios de nuestro país.
En efecto, como nos lo recordó en días pasados una nota periodística publicada en este matutino, actualmente hay 10 procesos de delimitación activos entre departamentos del país. Y al menos 20 de las 100 áreas reservadas por el Gobierno central a través de decretos supremos para la exploración petrolera de se encuentran en el límite de dos o más departamentos.
Y hay más, las aproximadamente 100 áreas de exploración petrolera que el gobierno nacional se propone entregar a empresas extranjeras, mediante a una subasta pública internacional, están ubicadas en áreas protegidas.
Una pequeña pero muy ilustrativa muestra de lo que eso significa ha sido el fracaso del intento de proceder a la exploración en las áreas petroleras de San Telmo Norte y Astillero, que están dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft).
Con esos antecedentes, no resulta difícil prever nuevas y grandes dificultades ante las que de nada valdrá la ligereza con que las autoridades gubernamentales pretenden pasar por encima de las leyes vigentes y de lo que dicta un elemental sentido de prudencia.
