Orellana vincula a un allegado del Gobernador con licitación irregular
El asambleísta departamental Mario Orellana denunció ayer que el hermano de la pareja del gobernador Iván Canelas, O. F. Z. A., presuntamente se favoreció con el contrato de adjudicación de la supervisión de obras de la construcción del ducto 2 de Misicuni, que llevará agua de Jove Rancho a Colcapirhua y la zona sur de la ciudad.
Anunció que presentará el caso al Viceministerio de Transparencia por indicios de presunto tráfico de influencias y exhortó a esta instancia a actuar como ha sucedido con las denuncias a opositores en otros casos. “Ojalá que no se hagan a los locos”, pidió.
Los Tiempos intentó acceder insistentemente ayer a la versión del Gobernador con respecto a la denuncia, pero, tras una espera de tres horas en su despacho, no fue posible. Tampoco se pudo contactar al asesor general, Rodrigo Quinteros, porque estaba en una reunión.
Adjudicación
Orellana indicó que la licitación No. 09/2018, que convocó a empresas interesadas en la supervisión técnica para cuatro lotes del Proyecto Construcción aducción 2 PTAP Jove Rancho-Colcapirhua-zona sur, “claramente fue direccionada” para beneficiar a la empresa asociación accidental A&A y Asociados con un contrato de casi 10 millones de bolivianos (9,8 millones).
De acuerdo con el asambleísta, seis de las siete empresas fueron descalificadas por tecnicismos arbitrarios, como la obligación de presentar actas de recepción definitiva o certificados de cumplimiento de contrato, que no estaban previstos en el DBC pero que fueron exigidos por la comisión calificadora a las seis empresas.
La asociación A&A está conformada por cinco empresas: una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) y cuatro unipersonales, una de ellas corresponde a la constructora Zipaquira, perteneciente al O. F. Z.A, exsecretario de Obras y Servicios de la Gobernación (gestión 2015) y “casualmente hermano de la pareja del gobernador Iván Canelas”, resaltó Orellana.
Por tanto, el asambleísta afirmó que se trata de un evidente caso de corrupción y de tráfico de influencias del Gobernador con uno de sus presuntos allegados.
Orellana expresó: “El Gobernador está creyendo que descalificando o poniendo en tela de juicio el trabajo que hacemos, él va a soslayar estas responsabilidades que le llegan a él directamente”. Además, pidió que el Gobernador “no actúe de manera irresponsable favoreciendo este tipo de contratos”.
“Estamos demostrando a la población cochabambina que usted ha favorecido al hermano de su pareja con un contrato de aproximadamente 10 millones de bolivianos”, aseveró.
Lo primero que hará el asambleísta es exponer este tema en el pleno de la Asamblea Departamental este martes para que se brinde la información del caso y para que los legisladores tomen acciones al respeto.
SE DETECTARON ARBITRARIEDADES
Según el asambleísta Orellana se utilizó un tecnicismo arbitrario y “bastante extraño” para descalificar a seis de las siete empresas que presentaron sus propuestas.
El requisito fue la presentación de copias de actas de recepción definitiva de los proyectos en los que participaron antes, cuando en el Documento Base de Contratación (DBC) no existía esta exigencia. Bajo ese criterio, se descalificaron a seis de la siete empresas, excepto a la asociación accidental A&A y asociados.
Se evidenció que la comisión calificadora no revisó los documentos de la asociación A&A y asociados, teniendo como prueba el Formulario A-3 que acredita la experiencia general y específica de las empresas proponentes, en el cual la constructora Zipaquira (parte de la asociación A&A y asociados) no acreditó nada en cuanto a su experiencia.
