Lucha contra el narcotráfico y consumo ilegal de drogas

En un interesante artículo de Nicholas Kristof, publicado en el New York Times hace unos años, el autor se pregunta ¿cómo ganar la guerra contra las drogas? Para responderse hace una comparación entre dos medidas diametralmente opuestas, la de EEUU y la de Portugal quienes han estado enfrentando el problema del consumo ilegal de drogas por más de dos décadas. “EEUU emprendió una fuerte campaña para combatirlas y gastó miles de millones de dólares para encarcelar a los usuarios de drogas. En contraste, Portugal decidió aplicar un experimento monumental: despenalizó el uso de drogas en 2001, incluso de heroína y cocaína, y lanzó una importante campaña pública de salud para acabar con la adicción”. En “Portugal se trata la adicción a las drogas como un reto médico más que como un problema del sistema de justicia”, constata la publicación.

“Después de más de 15 años, es evidente cuál enfoque ha funcionado mejor. La política de EEUU fracasó espectacularmente”, señala Kristof. En 2019, casi 71.000 personas murieron por sobredosis: el año pasado murieron por sobredosis de opioides en ese país, una cifra similar al “número de bajas sufridas en conjunto en las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak. En contraste, Portugal tal vez está ganando en la guerra contra las drogas –al decidir ponerle fin–”.

En 2017, el Ministerio de Salud de ese país estimaba “que solo unos 25.000 portugueses utilizan heroína, un descenso en comparación con los 100.000 que la usaban cuando comenzó a aplicarse la política”.

Portugal tiene la tasa de mortalidad por drogas más baja de Europa; equivale a la décima parte de lo registrado en el Reino Unido o Dinamarca y aproximadamente a un cincuentavo de la cifra más reciente de EEUU.

Christopher J. Coyne y Abigail R. Hall en su análisis de políticas públicas Cuatro décadas y contando: el continuo fracaso de la guerra contra las drogas (CATO Institute, 12/04/2017), indican que la guerra contra las drogas comenzó en el gobierno de Nixon (con su mensaje a la nación el 17/junio/1971), con el propósito de prohibir las drogas para reducir los delitos relacionados con ellas, disminuir las enfermedades y las sobredosis y como método eficaz para desbaratar y desmantelar al crimen organizado. Han pasado más de cuatro décadas y el problema en vez de disminuir se ha incrementado exponencialmente.

En 1980, por ejemplo, 580.900 personas fueron arrestadas por cargos relacionados con drogas en EEUU. Para 2014, ese número había aumentado a 1.561.231. Más de 700.000 de estos arrestos en 2014 estaban relacionados con la marihuana. De hecho, casi la mitad de las 186.000 personas que cumplen condena en prisiones federales en EEUU están encarceladas por cargos relacionados con drogas. El costo monetario de la política de drogas interna de EEUU es igualmente notable. Desde que comenzó la guerra contra las drogas hace más de 40 años, el gobierno de EEUU ha gastado más de un billón de dólares en políticas de interdicción. El gasto en esa guerra sigue costando a los contribuyentes estadounidenses más de 51.000 millones de dólares anuales.

Ellos concluyen que la prohibición de la droga no solo ha sido ineficaz, sino contraproducente, sin lograr ninguno de los objetivos planteados tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

En el ámbito de los países exportadores, como lo que ha sucedido en Latinoamérica, los carteles de las drogas han destruido prácticamente países, pues los niveles de violencia y la profunda corrupción generada por el narcotráfico han convertido o llevado a varias naciones de Centro y Norte América al nivel de “países no viables”, destrozando sus estructuras democráticas, legales y hasta sociales.

Como bien sabemos, en Bolivia esta lucha también ha fracasado y peor aún se ha debilitado enormemente en los últimos 14 años del gobierno del MAS. Con la Ley general de la coca, promulgada en 2017, se ha ampliado la superficie de cultivos de coca hasta 22 mil hectáreas, respecto de las 12.000 hectáreas que estaban autorizadas por la Ley 1008. Un reciente análisis, realizado por Ramón Daza Mendizábal, establece que la producción de coca de los países andinos (Bolivia, Perú y Colombia) ha aumentado exponencialmente a partir de 2012 (+100 mil ha) a +200 mil ha para 2017. Y que, en Bolivia en particular, unas 21.773 Tm de hoja de coca van a parar al narcotráfico, para producir unas 145 Tm de pasta base de cocaína, con un valor de $us 166.75 MM (tomando la media de $us1.150/kg, actualmente el precio varía entre $us 800 y $us1.500 por kilo). Causando, además, un gran daño ambiental (para producir esa cantidad se habría utilizado +222 mil litros de ácido sulfúrico, +14.8 millones de litros de gasolina y +74 mil de amoniaco).

Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Bolivia ante esta grave situación? Actuar en conjunto (y jamás de forma individual) con los países productores y exportadores de droga, para negociar ante los principales países consumidores de droga, bajo el amparo de la ONU, una estrategia más coherente de lucha contra el narcotráfico y el consumo de droga, basado en los siguientes pilares:

1) Considerar la producción y comercialización de drogas (coca, heroína, marihuana y otras nativas como derivados del peyote y hongos psicotrópicos) actualmente como una actividad criminal e ilegal y considerar su consumo como un asunto gravísimo de salud pública.

2) para romper con este círculo vicioso hay que: a. Despenalizar la producción de la materia prima. b. El Estado (con la cooperación internacional) debería asumir la producción y comercialización/exportación del producto final, a través de acuerdos bilaterales y multilaterales. c. El Estado importador debería despenalizar su consumo y hacerlo accesible a todo consumidor, acompañado de un programa de rehabilitación. d. El sistema de rehabilitación sería financiado con la propia venta de las drogas, además del ahorro logrado por la lucha contra el narcotráfico. e. Este mercado de producción y comercialización jamás debería ser dejado al sector privado (ejemplo tabacaleras y licores). La actividad privada debería ser declarada ilegal y fuertemente penalizada, a fin de elevar sus costos operativos que le afectaría gravemente a su competitividad en el mercado.

3) Finalmente, esto se podría lograr si y solo si, a través de un esfuerzo y acuerdo mancomunado entre los países productores y los países consumidores, bajo el amparo de la ONU.

En cuanto a las drogas sintéticas, se podría regular de forma similar en los propios países consumidores, sin la necesidad de acuerdos bilaterales o multilaterales.

El autor es Ph. D. en economía