Piden respeto al debido proceso para los policías del caso “motín”
El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, lo dijo muy claramente: hay policías que en 2019 vulneraron normas disciplinarias de la institución y participaron de un motín, abandonaron sus funciones y dejaron vulnerable, desamparada y sin protección a la sociedad y por todo ello tienen que ser procesados y sancionados de acuerdo a normas internas y a la gravedad del delito.
Hasta ahí, la postura del Gobierno parece coherente y racional. Veamos ahora qué dice el memorial de acusación presentado por Pelagio Condori Yana, viceministro de Descolonización, contra uno de estos policías que habrían participado del motín y por tanto merece ser sancionado.
“Coadyuvando de una manera insolente y desmesurada a las actividades de la Resistencia Juvenil Cochala, el acusado (un oficial de Policía) se encargó de instruir y guiar a esta organización en los actos vandálicos y delincuenciales que realizaban en el departamento en los meses de octubre y noviembre de la gestión 2019, adiestrando a dichas personas civiles en el manejo de motocicletas para emplear esta habilidad en la realización de su vandalismo”.
El memorial de 16 páginas también esta firmado por la abogada Nancy Llanos Choque y menciona como pruebas de las acusaciones que se adjuntan notas de prensa, fotografías y videos donde se muestra a acusado realizando las actividades mencionadas.
El policía citado es uno de los 27 oficiales en el país que están siendo procesado por la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía y se exponen a una pena máxima de baja definitiva de la institución y el riesgo de pasar a la justicia ordinaria con otros delitos derivados de sus faltas disciplinarias.
Según Cox, su despacho hace seguimiento a los procesos y ya son cuatro de los 27 los que ya tiene acusación, “son fases procedimentales que se van avanzando”, detalló.
Las denuncias contra los policías por amotinamiento en 2019 provienen de Cochabamba, Oruro, La Paz y Chuquisaca y están implicados desde cabos y sargentos hasta capitanes, mayores y coroneles.
“Ellos han utilizado la institución con fines innobles, y quienes han participado tendrán que asumir las consecuencias, tienen que someterse a la justicia”, dijo Cox.
Defensa
Sin embargo, plataformas ciudadanas como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) han denunciado que en los procesos que siguen a los policías no se está respetando su derecho a la defensa.
“Queremos que no se vulneren los derechos de estos oficiales y no se sancione injustamente a ciudadanos bolivianos que lo único que han hecho es estar junto a su pueblo en defensa de la Constitución y en contra de un fraude electoral”, dijo Lizeth Beramendi, representante del Conade.
Según la activista, se ha vulnerado los derechos de los policías porque les han notificado con la denuncia faltando 24 horas para que se cumpla el plazo que ellos tenían para responder, cuando los denunciantes tuvieron en sus manos el memorial por más de 30 días.
PROCESOS POR HACER PÚBLICA LA MILITANCIA
Sobre la acusaciones contra los policías por el caso del motín policial de 2019, según activistas del Conade, “Se trata de una denuncia falaz, con mentiras, una denuncia que simplemente es el instrumento para tratar de escarmentar y sancionar a la institución policial para que nunca más se atreva a oponerse a los caprichos de un partido político”, aseguran.
Sin embargo, según cita el memorial contra los policías amotinados se los acusa por “hacer pública la ostentación de su militancia política haciendo proselitismo en las unidades del servicio activo, agravándose cuando se está de uniforme”.
Los activistas recuerdan que ningún comandante de la Policía fue sometido a proceso alguno de los tantos que públicamente y con uniforme juraron lealtad al Gobierno y al “proceso de cambio” en las gestiones de Evo Morales.
LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS ESTARÍAN SOMETIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Moisés Pérez
Abogado y activista
¿Qué pretende el Gobierno con la apertura de procesos disciplinarios a los policías que identificó como protagonistas del “motín” en los sucesos de octubre y noviembre del año 2019? La respuesta suele ser sencilla si logramos posicionarnos en la coyuntura actual, donde el Gobierno a diestra y siniestra puso al descubierto su afán de arrasar con castigos carcelarios a “toda una cadena de actores, quienes supuestamente tuvieron que ver con un ‘golpe de Estado’ que se inventó”.
Esta pretensión hizo que se pueda generar toda un operativo de persecución alrededor del supuesto “golpe de Estado”, que en el marco institucional de la Policía llega a significar un giro de retroceso a la conducta de los Tribunales Disciplinarios
Policiales, quienes ahondarán en instrumentar pruebas para mostrar faltas cometidas.
El giro de retroceso a darse en la Policía se refiere a que se estará anulando las decisiones autónomas de los Tribunales Disciplinarios, los cuales tendrían que encadenarse a las decisiones asumidas por dirigentes de las organizaciones sociales y desde el Ministerio de Gobierno, que son quienes ejercen la presión para que se inicien de una vez con los procesos.
Es decir, se trata del avance de una política que ya no necesita de una institucionalidad policial, conformada con criterios de profesionalidad, sino, más bien, de una policía que sirva a los intereses de persecución basados en criterios políticos.
