Devolución de aportes o la libertad populista de elegir

Finalmente terminó la novela de la Ley de devolución de los aportes a las AFP. En la dramaturgia nacional el culebrón debía llamarse: Si me emborracho es con mi plata. La ley promulgada, la semana que termina, finalmente establece el siguiente sistema.

Devolución del 100% del aporte para los asegurados de 50 o más años que tengan ahorrado hasta 10.000 Bs. También, podrán retirar hasta el 15% los aportantes que tienen acumulado 100.000 Bs., independientemente de su edad. Finalmente, se devolverá hasta 15.000 Bs. a los asegurados que tienen más de 100.000 Bs. en su cuenta personal. En teoría, 1.464.375 personas podrían beneficiarse con la nueva norma.

Si todos estos ciudadanos deciden recoger su dinero de las AFP esto podría implicar una inyección a la economía de 450 o 500 millones de dólares, sin duda alguna, un fuerte respaldo a la demanda agregada que ayudará a recuperar la economía a una mayor velocidad, pero consolidando el modelo primario exportador comerciante. Con el tipo de cambio real apreciado, buena parte de este dinero permitirá la recuperación del aparato productivo, pero de Chile, Argentina, Brasil o China. Las importaciones, legales e ilegales, seguirán subiendo significativamente.

El efecto derrame sobre el aparato productivo nacional será menor, en especial, porque el Gobierno no modificará el tipo de cambio fijo ni implementará políticas de oferta integrales para apoyar a los productores locales. Para muestra, un botón: el coqueto programa de sustitución de importaciones a la fecha movilizó 30 millones de dólares, o sea una pigricia comparada con los bonos y la inversión y gasto pública metidos por el lado de la demanda. Por lo tanto, desde la perspectiva macroeconómica vamos a paso de parada hacia la vieja normalidad: una burbuja de consumo fuertemente basada en la informalidad comercial y de servicios. La vieja enfermedad holandesa.

Desde un ángulo microeconómico, la Ley es más polémica y en cierto sentido curiosa, para decir lo menos. Si bien se trata de una política pública donde el Estado libera el ahorro de los ciudadanos, operativamente la norma dependerá de cuánto saquen las personas y como gasten esos recursos. Desde la política se la presenta como una dádiva del Estado, pero en la práctica depende de una acción individual. El Gobierno transfiere la responsabilidad de la introducción de este dinero a la economía a una decisión personal y voluntaria. Es una especie de free to choose (libertad de elegir) populista, pero con penalizaciones. En efecto, los que tengan menos de 10.000 Bs. y saquen su plata, perderán el acceso a la jubilación. Los otros grupos no tendrán acceso a la salud y a la fracción solidaria. Eres libre de meterte un autogol, yo me quedo con el rédito político, pero tu saldrás perdiendo. Todas estas penalizaciones afectan a los grupos más pobres.

En suma, el Gobierno libera la plata, pero recomienda fuertemente no tocarla. Es un nuevo clásico de la política populista: sí, pero no, al final es tu rollo.

¿Ahora bien, para muchos aportantes sin trabajo, sin ingresos y ciertamente, algunos pasando hambre, es justo colocarlos en esta disyuntiva? ¿Cuánta libertad de elegir puede haber cuando alguien está con deudas, perdió el trabajo o no tiene para comer? ¿Sacar o no sacar los aportes? To be or not to be, that’s the question, decreta el “Shakespirito” andino.

A estas alturas de la columna es pertinente recordar las reflexiones sobre pobreza del premio Nobel de Economía Amartya Sen. Para este economista, pobre no es solamente quien no tiene ingresos suficientes para vivir o acceso a servicios básicos, sino también aquel que no puede elegir qué camino seguir y es esclavo de sus necesidades. Un pobre no elige de la misma manera que un no pobre. En este caso, el primero no tiene alternativa, si no sacar su dinero de las AFP. El segundo, el no pobre, puede esperar y ejercer su libertad de no sacar sus aportes.

Además, obligado por las circunstancias de pobreza o falta de empleo, al sacar sus aportes el ciudadano es discriminado y penalizado perdiendo derechos sociales: jubilación, acceso a la salud y compensación solidaria.

Ahora si éste quiere recuperar sus derechos, debe devolver el dinero que se le adelantó. Pagar con intereses el favor que le han hecho con su plata. Asimismo, cabe recordar que la medida pone en riesgo todo el sistema de pensiones que pende un hilo. Hace más de cinco años fue estatizado y a la fecha está en el limbo institucional. La Gestora Pública nunca asumió el control de las AFP. Muchos agradecerán la incompetencia. Y también, la rentabilidad de los aportes es muy baja lo que hace insostenible el sistema en el largo plazo. Ni hablar que funciona como la caja grande del Estado. El grueso de la deuda interna es con las AFP. Es decir, el Gobierno se financia con los recursos de los abuelos actuales y futuros. Cobra un impuesto a la vejez disfrazado de beneficio social.

¿Dado que el Gobierno está raspando la olla, esa es Ley el único camino para seguir? Por supuesto que no. Esta es sólo una prueba del déficit de ideas crónico de los dueños del poder. Las alternativas son muy amplias y diversas, tanto del financiamiento —cooperación internacional y mercados privados— como de las políticas públicas —programas de empleo de calidad en base al sector privado, programas de empleo vinculados a un cambio en salud y educación y, sobre todo, diversificación productiva de base local— para mencionar las más conocidas.

El autor es economista