SALUD La despenalización del aborto gana terreno en Latinoamérica
La despenalización del aborto en México el pasado 7 de septiembre abre la posibilidad de que otras naciones de América Latina puedan legalizarlo a corto o mediano plazo.
La gran mayoría de las mujeres de la región aún carecen de acceso a abortos legales, pero las restricciones se han levantado o relajado en los últimos años.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de México emerge de un juicio por la prohibición de la práctica en el estado de Coahuila, en donde se reconoce al aborto como un derecho de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
Aunque la sentencia no legaliza la interrupción del embarazo, la Corte la descriminaliza y sienta un precedente que podrá ser usado como jurisprudencia a nivel nacional en el futuro.
En los últimos años, varios estados mexicanos alteraron su legislación respecto al aborto. La Ciudad de México fue la primera en despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en abril de 2007, seguida por el estado de Oaxaca en 2019, Hidalgo y Veracruz en 2021
A la fecha, son cinco los países de Latinoamérica que prohíben el aborto en sus códigos penales; sin embargo, el número puede ir subiendo debido al movimiento que se ha generado en diferentes territorios para contar con leyes menos restrictivas contra este procedimiento.
El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití prohíben sin excepciones la interrupción involuntaria del embarazo.
Argentina fue la penúltima nación en sumarse al reducido grupo de la región en donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación. Es el caso de Cuba, Guyana, Guyana Francesa, México, Uruguay y Puerto Rico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 47 mil mujeres embarazadas pierden la vida en el mundo cada año, producto de los abortos inseguros.
Mientras Argentina ondeó sus pañuelos verdes en diciembre de 2020 para saludar una ley de plazos largamente reclamada, Chile está todavía en pañales.
Ecuador se vio beneficiado también últimamente de su sistema judicial, que despenalizó el aborto en caso de violación, mientras que en El Salvador las que intentaron o lograron parar su gestación fueron encerradas en cárceles propagas.
Entre tanto, en Brasil, la interrupción del embarazo es relativamente habitual; no obstante, la legislación se mantiene en aparentes conservadores: solo en caso de peligro para la vida de la madre, cuando el feto es anencefálico o en caso de violación.
De todos ellos, Colombia es el que más ilusionado se ha presentado con la sentencia en México. Esperan que ocurra algo similar en su territorio, también por la vía judicial, que ha dado luces en los últimos tiempos que querer desterrar el aborto del Código Penal, con algunas reformas.
En el resto de América Latina, todas las naciones añaden causales en mayor o menor medida a la paralización de la gestación.
Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica tienen algunas de las legislaciones más restrictivas y solo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada corra peligro.
El resto adiciona causales que van más allá del riesgo de muerte o amenaza a la salud de la madre.
En Bolivia se incluye la causal de incesto y, en el caso de Belice, priorizan los factores socioeconómicos.
La atenuación de las restricciones en América Latina se produce cuando el debate sobre el aborto en Estados Unidos alcanza un nuevo nivel de polémica.
Este mes, en una votación de 5-4, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a anular una ley de Texas que prohíbe el aborto después de seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, incluso en casos de violación o incesto.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó la nueva ley y prometió defender “los derechos constitucionales” de las mujeres.
LA LEGISLACIÓN DEL ABORTO EN BOLIVIA
El nuevo Código del Sistema Penal amplía las causales de despenalización del aborto. De acuerdo a esta legislación, el aborto no será punible durante las primeras ocho semanas de embarazo y en las siguientes circunstancias: cuando la mujer sea estudiante o tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores consanguíneos o no; en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida; si el embarazo es consecuencia de una reproducción asistida no consentida por la mujer, y cuando la embarazada es niña o adolescente.
Asimismo, tampoco constituirá infracción penal, durante las primeras ocho semanas, la interrupción voluntaria del embarazo cuando: se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada; se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.
31 PROCEDIMIENTOS POR CADA MIL MUJERES
Se estima que en América Latina la tasa de abortos inseguros es de 31 procedimientos por cada mil mujeres entre los 15 y 44 años, mientras que en regiones donde hay un amplio acceso a
procedimientos legales, como Europa, sólo 2 de cada mil procedimientos se realizan en condiciones de riesgo.
970 millones de mujeres, que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva, viven en países que permiten ampliamente el aborto. Si bien la mayoría de las mujeres vive en países donde pueden ejercer su derecho al aborto, el 41 por ciento vive bajo leyes restrictivas. La imposibilidad de acceder a servicios de aborto seguro y legal afecta a 700 millones de mujeres en edad reproductiva.
Según la Organización Mundial de la Salud, 23.000 mujeres mueren por abortos inseguros cada año y decenas de miles más experimentan importantes complicaciones de salud.
