Una batalla “decisiva”

¿Qué hacen sueltos los militares por todas partes? ¿Alguna vez hubo actos especiales para conmemorar la batalla de Aroma? ¿Se justifica semejante desplazamiento desde diferentes puntos del país precisamente cuando suben los niveles de tensión política y se gesta una movilización nacional opositora contra la ley rectora del manejo económico que propone el Gobierno?

No son buenas noticias para el país. La zozobra y la incertidumbre se han convertido en parte de la rutina nacional y el choque de dos agendas irreconciliables parece conducir al país hacia un peligroso callejón sin salida. El Gobierno busca a como dé lugar imponer normas, que tropiezan con la resistencia de gremios, regiones y universidades, en el afán de concentrar poderes y centralizar la toma de decisiones sobre la modalidad que debe asumir el desarrollo económico.

En tiempos de apertura y cuando el resto de los países de la región de esfuerzan por construir acuerdos y lazos internacionales que les permitan jugar un papel de mayor protagonismo en los mercados del mundo, el gobierno de Luis Arce retoma el discurso de la industrialización interna y apuesta nuevamente por la estrategia fallida de crear empresas públicas en sectores estratégicos e intensivos en la creación de empleo.

Cuando las regiones han transitado ya parte del camino de la descentralización y construido las bases del manejo autonómico, el centralismo vuelve a dar coletazos políticos y amenaza con llevar al país hacia un nuevo escenario de confrontación, cuando ya se creía superado este debate.

El Gobierno entiende que está ante la batalla más importante a poco de que el presidente Luis Arce cumpla su primer año de gestión que se caracterizó más por las turbulencias sociales y la venganza política, que por la definición de líneas de trabajo que permitan resolver los graves desafíos que podría enfrentar la estabilidad económica del país en el corto plazo, como consecuencia de una déficit fiscal que se acerca peligrosamente a los dos dígitos y una caída acelerada de las reservas internacionales.

Un proyecto de ley de alcance político, como el de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas —que al tiempo que faculta al Gobierno a realizar seguimiento de movimientos de dinero sospechosos, podría transformarse en un instrumento de persecución y ajuste de cuentas con eventuales adversarios— ha tropezado con la inesperada resistencia de sectores, tradicionalmente aliados al Gobierno, que también se han sentido bajo el mismo paraguas normativo que cubre de sospecha cualquier actividad privada.

Pese a que el Gobierno ha confirmado que suspenderá el tratamiento de esta ley, al parecer se trata más bien de un repliegue estratégico mientras se fortalece para desactivar la resistencia opositora e intimidar a los actores involucrados en la presión ejercida durante las últimas semanas en prácticamente todo el país.

La aparentemente rutinaria salida de las tropas militares a las calles y caminos de ciudades y las regiones, podría no representar ningún riesgo, ni ser interpretada como una velada amenaza, de no ser porque el propio discurso político del Gobierno, incluso el de sus voceros aparentemente más conciliadores como el vicepresidente David Choquehuanca, se ha endurecido en los últimos días, lo que indicaría que finalmente la línea más inflexible y agresiva ha tomado el control y se apresta a encabezar acciones de fuerza en las calles para romper el primer intento opositor por constituir un bloque de unidad en torno a objetivos comunes.

No es que el Gobierno se involucre innecesariamente en más conflictos, como algunos piensan. Lo que pasa es que la agenda gubernamental es conflictiva en todas las áreas, porque es resultado de una visión no compartida por, al menos, la mitad del país y sobre la que no existe posibilidad de consenso, precisamente porque involucra discrepancias en torno a los fundamentos sobre los que se pretende construir el futuro del país.

Hay conflictos por el manejo del tema tierra que han provocado ya alarma luego de la aparición de grupos irregulares armados, los hay por el tema de los disfraces “normativos” —ganancias ilícitas— que asume el afán reiterado de persecución política y, con mayor razón, por las discrepancias de fondo en el enfoque de la visión de desarrollo económico.

“El Estado conduce el proceso de planificación económica y social, administra la economía y regula los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, generando crecimiento y desarrollo económico; y a la vez promueve la estabilidad de precios”, establece el Plan de Desarrollo Económico y Social del Gobierno para el periodo 2021-2025, que lleva como subtítulo “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”.

Es este plan, que se plasma ahora en una ley para consagrar el centralismo en las decisiones económicas como modelo de administración, el telón de fondo de una confrontación que el Gobierno considera definitiva y en la que, por lo tanto, no parecería estar dispuesto a dar marcha atrás.

Si es obligación de regiones y municipios el ajustar sus planes a un marco global impuesto desde el centro, no debería resultar extraño que se geste una firme resistencia en esos ámbitos de la administración estatal. Lo mismo ocurre con las universidades del país, que sienten vulnerada su autonomía.

La posibilidad de un acuerdo en los casos mencionados es muy remota y el Gobierno lo sabe. Tal vez por eso las fuerzas, oficiales y de oposición velan ahora sus armas y organizan sus desiguales “ejércitos” para librar una batalla decisiva —no la de Aroma— en la que se juega una discrepancia filosófica esencial entre la libertad y la obsesión por el control. El Gobierno sabe hasta dónde ha llegado y hacia dónde se dirige; la responsabilidad de una oposición estructuralmente desarmada es muy grande y el tiempo corre en su contra.

El autor es periodista y analista