Piden otro juicio ordinario para Áñez en casos Sacaba y Senkata
El viceministro de Justicia, César Siles, anunció que se determinó llevar a un proceso ordinario a la expresidenta Jeanine Áñez por las muertes de Sacaba y Senkata, además de a los exministros que suscribieron el denominado “decreto de la muerte”’.
“Del caso Senkata, masacre de Senkata, así lo ha denominado la GIEI, contra la señora Jeanine Áñez y todo su gabinete ministerial, ha decidido la justicia ordinaria que corresponde a la justicia ordinaria y no a la (de juicio) de responsabilidades la tramitación de esa causa”, señalo la autoridad en contacto con radio Cepra.
El Ministerio de Justicia planteó ante la Fiscalía General del Estado que la expresidenta sea incluida en el juicio ordinario por las muertes de Sacaba y Senkata, procesos que radican en las fiscalías departamentales de Cochabamba y La Paz, respectivamente.
“En esa ampliación de la denuncia está incluido el ‘decreto de la muerte’, y con ello las personas que fungían en el Gabinete de la señora Áñez. Por eso, además de los delitos de genocidio, lesiones graves y leves, hemos incorporado resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, porque ese decreto te da para ello”, argumentó Siles.
El 14 de noviembre de 2019, la administración transitoria de Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4078, conocido también como el “decreto de la muerte”.
En su artículo 1 establece “la participación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana a fin de reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país”.
Asimismo, la normativa señala que el personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
Argumentos
El Ministerio de Justicia fundamenta el juzgamiento de Áñez en la vía ordinaria, debido a que dos fallos judiciales determinan el juicio ordinario a la exmandataria. Uno de ellos es por sus acciones como senadora, por el que recibió una sentencia de 10 años de cárcel, y el otro por la designación de una directora en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), pese a que este último acto fue realizado cuando ya fungía como presidenta.
Si procediera el juicio ordinario por las masacres de 2019, se incorporaría al proceso a 11 ministros de su primer gabinete que firmaron el Decreto 4078, como Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (ministro de la Presidencia), Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Fernando López (ministro de Defensa), José Luis Parada (ministro de Economía), Álvaro Guzmán (ministro de Energía), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia),
Norma que regula caso de corte
La ley de juzgamiento de altas autoridades señala que el Presidente y el Vicepresidente de Bolivia tienen derecho a un juicio de “privilegio”.
El artículo 12 de esa norma indica que “la Presidenta o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional, serán enjuiciados cuando en el ejercicio de sus funciones cometan uno o más delitos que a continuación se mencionan: traición a la patria y sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero; violación de los derechos y de las garantías individuales consagradas, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución; anticipación o prolongación de funciones, concusión; exacciones, genocidio, soborno y cohecho”.
