Con el testamento bajo el brazo
“Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley (de Seguridad Nacional) tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos, no va a haber perdón”, de esta manera Luis Arce Gómez, ministro del Interior del dictador Luis García Meza, sembró terror en la población boliviana.
El 17 de julio de 1980, el país vivió uno de sus episodios más aciagos, funesto y cruentos, el golpe de Estado perpetrado por Luis García Meza. Ese día, una ráfaga de metrallas militares descargó su furia en el edificio de la Central Obrera Boliviana (COB) donde varios líderes políticos se reunían para analizar la situación del país, ante la posibilidad de un golpe de Estado.
Los militares entraron al inmueble y sacaron a los dirigentes, Juan Lechín Oquendo, Simón Reyes, Oscar Eid, Gualberto Vega, Carlos Flores, y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo fue identificado por los matones militares, quienes lo apartaron del grupo y lo hirieron, posteriormente lo trasladaron al cuartel militar donde fue torturado y asesinado. Hasta el día de hoy, se desconoce el paradero de sus restos. Así se iniciaba el golpe de Estado y la sanguinaria dictadura de Luis García Meza. Un gobierno de la muerte con centenares de víctimas de tortura, asesinatos y desapariciones.
Según Edgar “Huracán” Ramírez, exdirigente de la COB, las muertes de Luis Espinal en marzo de 1980 y, en julio de Carlos Flores y Marcelo Quiroga Santa Cruz, no fueron fortuitas, la mano siniestra del dictador Banzer Suárez se encontraba por detrás. Marcelo Quiroga Santa Cruz impulsó un juicio de responsabilidades contra la cruel dictadura de Hugo Banzer Suárez. Fue el padre Luis Espinal quien proporcionó el material para el juicio, Carlos Flores fue el encargado de entregarlos a Quiroga Santa Cruz y éste de impulsarlo en el Congreso. Por tanto, a toda costa Banzer quería evitar el juicio que lo llevaría tras las rejas, y con la ayuda del gobierno de García Meza lo logró.
En ese año de gobierno el toque de queda, la no circulación de las personas a partir de las nueve de la noche fue una de las medidas represivas. En este gobierno sanguinario, otro de los pasajes luctuosos fue el de la calle Harrington. Cumpliendo el decreto ley de Seguridad Nacional y aplicando lo del “testamento bajo el brazo”, el 15 de enero de 1981 paramilitares de la dictadura torturaron y asesinaron a ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes se encontraban reunidos clandestinamente en una casa de la calle Harrington, en Sopocachi, en la ciudad de La Paz. Les fue cegada la vida a los dirigentes Artemio Camargo, Ramiro Velasco, Jorge Baldivieso, Ricardo Navarro, Gonzalo Barrón, Luis Suárez, Arcil Menacho y José Reyes.
Bolivia tuvo uno de los gobiernos más fatídicos caracterizado por asesinatos a sangre fría, corrupción, narcotráfico. Se amordazó la libre expresión, los medios de comunicación como Radio Fides y el matutino Presencia fueron intervenidos. Se sumaron los actos irregulares, el enriquecimiento ilícito de los generales que gobernaban el país, la corrupción y la presencia del narcotráfico, una narcodictadura se había implantado. Se pidió la renuncia de Arce Gómez. La imagen de este gobierno fue cuestionada internacionalmente. Se gestaron al interior, divisiones y luchas internas de facciones militares.
El 4 de agosto de 1981 se obligó a García Meza a renunciar a la presidencia. Por fin, uno de los capítulos más oscuros de la historia del país, finalizaba. En 1993 Juan del Granado impulsó y ganó el juicio de responsabilidades a la dictadura de Luis García Meza.
El 17 de julio de 1980 queda en los anales de la historia del país, como el inicio de un gobierno dictatorial sanguinario. Y su caída en 1981 abrió el paso para la recuperación de la democracia. A 43 años de esos hechos fatídicos, en los que nos robaron a varios demócratas, y corrió mucha sangre, solo la historia y la memoria nos pueden salvar de repetirlos nuevamente.
Columnas de GABRIELA CANEDO VÁSQUEZ
