Crisis política y efectos económicos

Es evidente que las crisis políticas sostenidas o violentas afectan el funcionamiento normal de la economía de los países, y que comprender sus interacciones es esencial para anticipar de manera efectiva los problemas y desafíos que deben enfrentar las sociedades cuando ambos procesos confluyen y se retroalimentan.

Inicialmente debemos asumir que ambas dimensiones (la política y la economía) cada una por su propia naturaleza se desenvuelven siempre en constantes tensiones y contradicciones internas que se resuelven cuando se impone cierto nivel de equilibrio que beneficia a la sociedad y genera confianza y bienestar mayoritario. Esto se logra cuando los ciclos expansivos de la economía son más extensos que los recesivos y cuando los conflictos políticos tienen que ver esencialmente con la competencia por espacios de poder dentro de un modelo dominante, donde los liderazgos tienen legitimidad y las instituciones son estables y eficientes.

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito político, la situación de la economía tiene la ventaja de medirse con indicadores más o menos objetivos como el crecimiento, el empleo, la inversión, la estabilidad de precios y las condiciones para emprender, que también tienen relación con la eficacia de las políticas fiscal y monetaria. Aunque la estabilidad y el crecimiento no son permanentes ni homogéneos, pueden durar más tiempo si se realizan ajustes oportunos a través de medidas preventivas o correctivas y de políticas públicas eficientes, especialmente cuando los ciclos recesivos se están iniciando y es aún posible mitigar sus efectos.

Esta dinámica se da también en el orden inverso, es decir cuando la economía entra en recesión tarda mucho más en recuperarse y los efectos sobre la población son más nocivos y duraderos. Aquí es importante señalar también que la economía de un país se desarrolla mayormente en el ámbito privado y ciudadano, por lo que la dimensión de una crisis y la recuperación tienen que ver con la fortaleza de este sector y su capacidad de resiliencia.

Contrariamente, el ámbito de la política suele ser imprevisible y explosivo, los periodos de estabilidad, inciertos, y las señales de armonía y fortaleza, confusas y poco confiables. Pero, por otro lado, sus conflictos tienen más ductilidad y pueden resolverse tan rápido como aparecieron, ya que son suficientes los acuerdos internos o nuevas elecciones que reordenen el escenario del poder; rara vez dependen de tendencias globales o presiones externas.

En países con una institucionalidad sólida y donde no existen barreras que impiden el crecimiento del sector empresarial, los conflictos políticos suelen tener impactos temporales y limitados sobre sus economías, debido a que no inciden sobre factores sustantivos como la propiedad privada, la seguridad jurídica, el sistema financiero y la confianza en las transacciones. Hay varios ejemplos de ello, como el de Bélgica que en 2019 soportó una crisis política que mantuvo a ese país 16 meses sin jefe de gobierno y su estabilidad económica no se vio afectada. Lo propio ocurrió con Perú, azotado por cambios constantes de presidentes en la última década o de Brasil, tras los gobiernos de Rousseff o Bolsonaro. Ambas naciones mantuvieron niveles sostenidos de crecimiento y desarrollo, más allá de sus conflictos políticos. 

El problema surge cuando los enfrentamientos entre los líderes y actores políticos son duraderos y violentos, las instituciones no funcionan o los Estados son excesivamente centralistas. En estos casos, los gobernantes y los legisladores tienden a anteponer sus objetivos políticos sobre la estabilidad, y a distorsionar su propio rol, convirtiendo a la economía en una extensión de sus conflictos.

Cuando la mayoría de parlamentarios bloquea leyes solamente para boicotear a sus circunstanciales enemigos o cuando el Gobierno prioriza la atención de sus conflictos políticos y se inhibe de asumir medidas para evitar el agravamiento de los problemas económicos, desoyendo las advertencias sobre una crisis inminente, nos encontramos ante un escenario de desequilibrio que conducirá inexorablemente a un crecimiento de los problemas a tal grado que revertirlos resultará imposible.

En este caso también tenemos ejemplos dramáticos como el de 1982 en Bolivia durante el gobierno de Hernán Siles que enfrentó una severa crisis económica, agravada por una confrontación política irracional que terminó con el acortamiento de su mandato y la virtual quiebra del Estado.

Sólo cuando prima la madurez y la responsabilidad en los políticos, la estabilidad económica es más importante que los enfrentamientos por el poder, y ante a una crisis evidente se antepone el deber de proteger el bienestar de los ciudadanos cuya base es la confianza, las fuentes de trabajo y la certeza de que sus gobernantes y su clase política se ocupan de enfrentar los problemas que pueden afectar la vida y la estabilidad de las familias.