Por incendios el defensor del Pueblo interpuso Acción Popular en contra de ministros, gobernadores y alcaldes
Por no haber atendido oportunamente los incendios forestales, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, interpuso ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular en contra de tres ministros de Estado, tres gobernadores departamentales y doce alcaldes municipales.
La acción popular es en contra de los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro; de los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián; de Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui, y de Pando, Regis Germán Richter Alencar, y de los alcaldes de los municipios de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos y Puerto Quijarro.
En la acción popular, el defensor expone una serie de datos sobre los incendios forestales, además incluye información desde 2019 y muestra cómo, a lo largo de estos años, los focos de calor se han ido incrementando. Concluye que “la situación actual es altamente lesiva de derechos y ha desnudado al menos dos elementos: 1) La falta de prevención; 2) La falta de previsión y reacción efectiva frente a una situación como la presente”.
En el documento, puntualiza cinco aspectos relevantes sobre las que se exige acciones concretas: respecto al derecho al medioambiente sano vinculado con la salubridad pública, señala que ninguno de los niveles estatales obró conforme manda la norma. Indica que si hubieran cumplido sus deberes en lo que respecta a prevenir, alertas tempranas, el escenario actual no sería así de desfavorable. Los otros aspectos se refieren a los derechos de la Madre Tierra, vinculados con biodiversidad y áreas protegidas; a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos (NPIOCS) en sus elementos de tierra, territorio y territorialidad, a la situación del pueblo indígena ayoreo en aislamiento voluntario y a la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.
También identifica una omisión de las autoridades que vulnera los derechos humanos de la Madre Tierra y sus habitantes. “Han omitido cumplir eficientemente sus responsabilidades” en diferentes aspectos como competencias de los gobiernos autónomos municipales, de los gobiernos autónomos departamentales y la omisión del nivel central del Estado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente.
El defensor del Pueblo reiteró el compromiso institucional de defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra, resaltando la importancia de asumir una responsabilidad por la actual y futuras generaciones.
