En 10 años, la mayoría de denuncias de acoso político es por gestión compartida
En los últimos 10 años se registraron 943 denuncias de violencia y acoso político contra concejalas y alcaldesas en Bolivia; la principal es por agresiones en demanda de una “gestión compartida”.
Los años con más denuncias fueron 2020, cuando hubo las elecciones nacionales, y 2023, que marcó la mitad de gestión de las autoridades subnacionales, señaló la responsable de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.
De las 83 denuncias registradas este año hasta agosto, por ejemplo, 61 están referidas a la gestión compartida “que es una práctica ilegal y en contra de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado”, añadió Sánchez.
Lamentó la falta de voluntad política en relación a la violencia y acoso político contra las mujeres, principalmente, pese a vigencia de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (243).
Mencionó la necesidad de fortalecer la capacidad de jueces y fiscales que no conocen la temática y tampoco ese tipo de violencia, situación que deriva en retardación de justicia. “Se tiende a revictimizar a las autoridades con cuestionamientos”, reclamó.
De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura, ingresaron 538 procesos penales en el periodo de 2012 a 2022 en el marco de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (243), de los cuales sólo 16 casos (3 por ciento) llegaron a sentencia.
El 4 de enero de este año se marcó un hito en la lucha contra la impunidad y la violencia política,con la sentencia condenatoria de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para el exalcalde de Ancoraimes Félix Huanca y el expresidente del Concejo Municipal Pastor Cutili, por el asesinato de la concejala Juana Quispe.
Además, se suman deficiencias en la aplicación de la Ley 243 en las alcaldías, concejos municipales, gobernaciones y asambleas legislativas donde no aplican mecanismos de emergencia para apoyar a las autoridades mujeres víctimas de acoso y violencia política ni adecuaron su reglamento como establece la normativa.
“Una de las consecuencias es que ya no quieren participar en la política cuando vemos que su participación es sustantiva”, indicó Sanchez.
Las muestras de acoso más recurrentes son la retención y descuentos sus salarios, la prohibición de participar en las sesiones, violencia física, desprestigio y discriminación.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, manifestó su total repudio a la violencia contra la presidenta del Concejo Municipal de Santa Rosa de Yacuma, Guadalupe Blanca Huayua Cuenta, y en el caso de las concejalas de Sacaba.
Subrayó que el periodo de mandato de las autoridades municipales electas es de cinco años, y “será sancionado cualquier acto que busque o promueva la renuncia de las mujeres autoridades electas, conforme lo establecido en la Ley N° 243”.
