Justicia ratifica fallo que ordena a Soboce pagar más de Bs 744 millones a Fancesa por competencia desleal
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ratificó el fallo en contra de la privada Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y confirmó el pago de Bs 744.315.432 en favor de la pública Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) por competencia desleal, informó el procurador General del Estado, Ricardo Condori.
"La representación activa de los abogados de la Procuraduría General del Estado fue determinante por ser actores directos y lograr un resultado importante en favor de un patrimonio público", explicó.
En junio de 2010, Fancesa S.A. demandó por competencia desleal a la empresa Soboce, porque usando acciones de Fancesa obtuvo una línea de financiamiento de 35 millones de bolivianos para invertir en la plata de producción de Viacha - Soboce en desmedro de la empresa pública.
Sustanciado el proceso en el Juzgado Público 4to en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, se emite la Sentencia N° 21/2013 del 6 de junio declarando Probada la demanda; el cual fue apelado por los demandados y luego confirmada la Sentencia de Primera Instancia a través de Auto de Vista N° 451/2013 del 19 de septiembre emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Esa resolución fue recurrida en Casación y la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 341/2015 del 21 de mayo, declaró Infundado el Recurso de Casación interpuesto por SOBOCE.
En este proceso, impulsado de manera conjunta por la Procuraduría, Fancesa S.A., Universidad Mayor de San Francisco Xavier y el Gobierno Departamental de Chuquisaca, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 059/2025 que declara infundado el Recurso de Casación (anulación de sentencia) interpuesto por Soboce contra el Auto de Vista N° 365/2023.
Esta determinación ratificó plenamente la Sentencia N° 122/2023 del 28 de junio que declaraba probada en su totalidad la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, incluyendo el pago de costas y costos procesales.
La Procuraduría General del Estado, en el marco de sus atribuciones constitucionales, lideró una intervención interinstitucional estratégica que permitió alcanzar este resultado favorable por más de Bs 744 millones para la empresa cementera chuquisaqueña.
