El Gobierno busca frenar violencia en cárceles y experto plantea dos cambios
Expertos y autoridades piden a los parlamentarios trabajar en un proyecto de ley que permita realizar una reingeniería total de las cárceles de Bolivia para solucionar algunos de los problemas existentes.
Ante el asesinato de ocho reclusos en lo que va del año en las cárceles surgen planteamientos de hacer cambios profundos en el sistema carcelario, al margen de los ajustes en el sistema de seguridad que anunció el Gobierno nacional y el cambio total de los policías del penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Tras el asesinato de dos privados de libertad en Chonchocoro, en La Paz, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló que, entre las medidas de prevención de hechos de violencia, se realizarán requisas semanales en los centros carcelarios.
Asimismo, Limpias dijo que se solicitó al Órgano Judicial y a la Fiscalía General del Estado que se restrinja la visita de las víctimas a los sentenciados o detenidos preventivamente para evitar casos como el ocurrido en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, donde una mujer fue estrangulada por su expareja.
Sin embargo, lo que llama la atención es el ingreso de sustancias controladas, bebidas alcohólicas, celulares y armas blancas a las cárceles de máxima seguridad de Bolivia, cuando estos cuentan con escáneres de cuerpo entero, rayos x, detectores de metales y otros equipos para realizar las requisas.
Clasificación
De acuerdo con el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, es necesario implementar “reestructuraciones profundas” en el sistema carcelario del país, como la clasificación de los reclusos de acuerdo al delito y alejar a la Policía.
Explicó que la propuesta nace a raíz de que las cárceles a nivel nacional se manejan sin una normativa, sin reglamentos y sin protocolos penitenciarios.
“En el país, las cárceles se manejan con un sentido cuartelero. Debemos señalar que la actividad penitenciaria, no sólo es custodio, sino también es ciencia y metodología, en el que se debe involucrar un equipo multidisciplinario. En los centros carcelarios, se debe generar hábitos de limpieza, de trabajo y de educación. Hoy, solamente se tiene personas acumuladas”, sostuvo Llanos.
Por otra parte, señaló que la Policía no puede seguir manejando las cárceles debido a que no tiene personal capacitado para este fin.
“Se requiere un equipo multidisciplinario con estudio en Seguridad Penitenciaria para clasificar a los internos según el delito que cometieron y luego aplicar los tipos de reinserción, ya que existen reclusos con personalidades desviadas y alteradas que requieren terapia. Cada reo es un mundo y por ese motivo se debe individualizar el trabajo en las cárceles”, remarcó.
Finalmente, el exdirector de Régimen Penitenciario indicó que el Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz) es un modelo de cárcel sin la intervención de la Policía.
Los asesinatos
La Defensoría del Pueblo informó que entre el 1 de enero y el 3 de febrero de 2025, ocho reclusos perdieron la vida de manera violenta en los centros de reclusión.
El informe detalla los casos y circunstancias de los hechos violentos.
El primero ocurrió el 2 de enero en la cárcel de Morros Blancos (Tarija) cuando un reo falleció luego de ser apuñalado en una pelea.
El segundo el 3 de enero, un interno fue asesinado con un cuchillo en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro (La Paz).
Ese mismo día, un interno de la cárcel de Montero (Cerprom) en Santa Cruz, murió tras una golpiza.
El 12 de enero, dos personas fallecieron en el penal de Palmasola. Las investigaciones señalan que se suscitó un feminicidio seguido de suicidio. En este caso, una mujer ingresó a la cárcel para visitar a su expareja. El reo la estranguló y luego se ahorcó.
El 26 de enero, el interno Nabor López fue victimado de un disparo de arma de fuego en Chonchocoro.
El 3 de febrero, otros dos reos de Chonchocoro fueron hallados sin vida en el interior del Bloque 5C de la cárcel y con varias puñaladas en sus cuerpos.
Ocho Reclusos
Murieron de manera violenta en las cárceles del país en enero y los primeros días de febrero, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
