Y qué dicen de los jubilados

En la Suiza del primer mundo la esperanza de vida es de 84 años (7º lugar), en nuestra Bolivia atrasada es de apenas 68 años, sin embargo, para el cálculo de pensiones se ha asignado ¡110 años de vida! Esta es una vil estafa.

Sánchez de Lozada introdujo a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en el país, les dijo a los jubilados que depositando sus ahorros ganarían intereses y que cada uno tendría una chequera para disponer de su dinero cómodamente: un verdadero cuento del tío, porque no solo que el jubilado no gana ni un centavo, sino que su dinero va perdiendo valor adquisitivo.

Las AFP, seccionales de dos bancos extranjeros, administraban los fondos de pensiones beneficiándose a sí mismas y el gobierno masista de Evo Morales incurriendo en apropiación indebida ordenaba ilegalmente a las AFP el otorgamiento de créditos a quienes le convenían políticamente: “El Gobierno resolvió disponer el 5% equivalente a 150 millones de dólares, del Fondo de Pensiones, en calidad de créditos para el sector agropecuario…”, (ANF).

Este es solo un reducido ejemplo de dicha apropiación indebida y una vez que esa administración pasó a manos de la Gestora Pública, el mal manejo se agravó.

La Gestora administra más de 28 mil millones de dólares en constante crecimiento, equivalente aproximadamente al 60% del Presupuesto General del Estado: es un gigante económico.

La Gestora administra un volumen de dinero mayor al que manejan todos los bancos juntos y los ahorros de toda la vida de los trabajadores ‘constituyen el fondo de dinero más grande del que dispone el país’.

Los trabajadores son los aportantes, no son los empresarios, menos los políticos, pero son éstos los que hacen lo que quieren con la plata de los jubilados y aportantes. Son 2,7 millones los trabajadores a los que se les obliga que depositen sus ahorros en la Gestora sin obtener ningún rédito. Raros prestamistas.

La Gestora presta al Estado más de 12 mil millones de dólares que dice no saber cuál es su destino, pero mediante el Tesoro General del Estado van a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), al Viceministerio de Industria y Comercio para la instalación de empresas inservibles e improductivas; en cuanto a “inversiones” en el Banco Central la Gestora no responde –dice– por no realizarse últimamente operaciones (¿?).

Por otra parte, la Gestora “invierte”, presta, a la banca privada el 48,7%, casi la mitad de los ahorros de los jubilados; es decir con el casi 48% de los dineros de los jubilados y aportantes la banca funciona para “represtar” al público ¿y qué sucede cuando un banco quiebra?

Pero también el sector privado no financiero se beneficia con los ahorros de los jubilados, las grandes empresas del agro, como oleaginosas, de comercio, etc. al que se añaden privados no productivos.

De esta manera se percibe el vínculo político entre el gobierno masista  y el sector privado, entendiéndose así la laxitud o debilidad de los partidos de “oposición”.

¿Qué pasará con los ahorros de los jubilados y aportantes si esas “inversiones” fracasan? ¿La Gestora seguirá un juicio al Estado, ante una justicia podrida y dependiente?; es decir, ¿el Estado (la Gestora) le demandará al propio Estado?

No solo los jubilados, sino el pueblo en general, merecen conocer el plan que tienen los presidenciables respecto a esta gravísima situación.

¿Mantendrán a la Gestora para seguir siendo deudor y administrador de su propia deuda? ¿Efectuarán una convocatoria pública para que diversas empresas privadas se presenten para ser administradoras y compitan entre ellas?

¿Se admitirá que rotativamente con alternancia rotativa de un año fiscalicen los jubilados? ¿Qué harán para recuperar los fondos mal administrados? ¿Se condonarán las deudas tal como se hizo antes dejando a los jubilados en la calle?

¿Se mantendrá la sinvergüenzura de establecer 110 años de esperanza de vida para efectuar el cálculo de jubilación? Y muchísimas preguntas más que deberían aclarar los candidatos.

El autor es jurista