El camino a la violencia
¿Qué pasa con la resolución de conflictos en Cochabamba? Colcapirhua y Cotapachi, parte del municipio de Quillacollo, llevan más de 12 días de confrontación sin que se poder solucionar su conflicto.
A pesar del tiempo transcurrido ninguna autoridad departamental, como la Gobernación que es la máxima autoridad ambiental se pronunció ni intervino, cuando el municipio se “inundaba” de basura.
El bloqueo al botadero de Colcapirhua, ubicado en el límite entre Quillacollo y Cercado, derivó ayer en un enfrentamiento, que pudo haberse evitado, durante un intento de desbloquear el ingreso al relleno sanitario cuando un convoy de camiones recolectores pretendía depositar las 70 toneladas de residuos acumulados en el municipio durante 12 días de cierre del vertedero.
En esas circunstancias, se perdieron al menos dos vidas y otras ocho quedaron en estado crítico, entre ellas las de dos policías que participaron del operativo de desbloqueo en la zona de Cotapachi.
Lo acontecido entre Colcapirhua y Cotapachi ayer es un nuevo capítulo en el historial de bloqueos que soporta el departamento de Cochabamba, sobre todo, por problemas que se arrastran y no se resuelven y porque la región ha quedado desamparada sin autoridades con capacidad de diálogo y de resolución de conflictos.
Como suele suceder con muchos de los conflictos que existen en Cochabamba, Colcapirhua y Cotapachi se enfrascaron en un problema que mezcla demandas, como la definición de los límites territoriales municipales, un dilema que la mayoría de los municipios arrastra y que tienden a agudizarse debido a los intereses que existen sobre el uso de la tierra.
En último año, Cochabamba soportó más de 200 bloqueos con un enorme daño a su economía; pero nada cambia y esta medida sigue siendo la más utilizada por diferentes grupos para reclamar atención a sus demandas y así aumentar la presión con el fin de lograr sus objetivos. Todo ello con perjuicios para terceros ajenos al conflicto.
A pesar de estos antecedentes, las instituciones públicas no han generado mecanismos de prevención y atención de los conflictos sociales.
Tampoco existen acciones para proteger a la población de los atentados como la suspensión de los servicios básicos, como ocurre con el recojo de los residuos sólidos domiciliarios e incluso hospitalarios.
La tragedia ocurrida ayer entre Colcapirhua y Quillacollo es ese tipo de violencia que puede evitarse si se pone en marcha, a tiempo, los mecanismos de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos.
Más allá de los motivos que derivaron en un desborde de la violencia en el operativo de desbloqueo del botadero de Cotapachi es necesario que la Policía y el Ministerio Público lleven adelante una investigación a fondo para establecer de dónde vinieron las balas y sancionar a los responsables.
