Estabilizar no es transformar

En los primeros cinco meses de su gestión, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz ha emitido 116 decretos, de los cuales 36 tienen impacto económico directo o indirecto en los sectores energético e hidrocarburos, arancelario y tributario, social y salarial, financiamiento externo, y modernización del Estado.

El eje central de la política económica es, sin duda, la reforma en hidrocarburos. En este ámbito, se eliminó (parcialmente) la subvención a los carburantes líquidos, se autorizó al sector privado la importación y comercialización de derivados del petróleo, se suspendió al diésel de la lista de sustancias controladas, se autorizó a YPFB y a las refinerías privadas a importar petróleo crudo para su procesamiento y se eximió del IVA a las compras internacionales de gasolina y diésel.

Asimismo se autorizó el evento transgénico HB4 para soya, lo que puede incrementar la producción de biocombustibles.

En el tema tributario, las medidas han sido también relevantes. Se estableció el arancel cero para maquinaria y equipos destinados a la industria alimenticia, textil, metalúrgica, minería, y otros sectores productivos, además de dispositivos electrónicos.

También, se introdujeron incentivos tributarios para atraer inversión extranjera y estimular la reinversión, y se permitió la depreciación acelerada de activos fijos adquiridos durante 2026. A estas medidas se debe añadir la eliminación, mediante ley expresa, del Impuesto a la Transacciones Financieras (ITF).

En el ámbito de la modernización del Estado, el Programa Tranca Cero –que propone anular barreras burocráticas–, y la decisión de acabar con las contrataciones directas en los procesos de adquisición de bienes y contratos de servicios, reflejan una apuesta seria por fortalecer la capacidad institucional del Estado y mejorar la transparencia.

En el sector eléctrico, se permitió a actores privados inyectar energía en redes de distribución sin necesidad de licencia o concesión y se les autorizó importar y exportar electricidad, mostrando una orientación coherente hacia las energías renovables y la participación privada.

Un objetivo importante, identificado en la normativa, es la intensa búsqueda de financiamiento externo multilateral. Para ello se comprometieron préstamos por más de 900 millones de dólares, se creó la Dirección de Promoción de Inversiones Extranjeras y se fortaleció el Comité Nacional de Facilitación del Comercio.

Las medidas señaladas muestran una lógica interna consistente con un enfoque de estabilización gradual que –con medidas de emergencia y ajustes pragmáticos– busca un equilibrio políticamente viable, aunque sin una estrategia de transformación estructural que reemplace al modelo económico estatista.

En ese plan se evidencian tensiones entre liberalización y estatismo, entre ajuste fiscal y expansión del gasto y entre la urgencia y la capacidad institucional. Mientras algunos decretos fortalecen al sector privado, otros mantienen la intervención estatal. Se habla de control del gasto y en paralelo se aumenta el salario mínimo en 20%, se crean nuevos programas sociales, se incrementan los bonos, se dispone el diferimiento masivo de pago de créditos y se readecúa el crédito del Banco Central de Bolivia al Tesoro General.

Aunque el Gobierno ha tomado decisiones de mayor impacto económico que las adoptadas en los últimos años, el éxito de las reformas aún no está garantizado y subsisten contradicciones como el mantenimiento de empresas públicas deficitarias y deficientes autoridades de fiscalización y control, el sostenimiento de los programas de transferencias directas, y la dirección estatal en sectores clave.

Esto parece evidenciar que no existen las condiciones para desmantelar el andamiaje institucional del estatismo, y que la estrategia se concentra en otorgar incentivos al sector privado antes que liberar plenamente la economía.

Tampoco hay certeza sobre la aprobación de leyes estructurales en la Asamblea Legislativa, la fortaleza del sector privado para asumir nuevas competencias, la disponibilidad suficiente de divisas, y la capacidad para sostener las reformas ante la resistencia social, que ya ha logrado la derogatoria de dos decretos nodales.

Aunque el Gobierno está yendo en la dirección correcta, necesita mayor coherencia política, eficiencia administrativa y un acuerdo nacional para construir una visión de largo plazo. El margen de maniobra existe, pero es estrecho, y su aprovechamiento dependerá de la capacidad para asumir que estabilizar no es lo mismo que transformar.

El verdadero termómetro de las reformas no es el número de decretos emitidos ni los préstamos multilaterales: es la inversión privada. Cuando una empresa decida instalarse en Bolivia porque confía en las reglas, cuando un emprendedor formalice su negocio porque vale la pena hacerlo, cuando un exportador encuentre en el Estado un aliado en lugar de un obstáculo, recién entonces podrá decirse que las medidas funcionan.

Ese momento aún no ha llegado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no parece imposible.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia