El narco, vive entre nosotros

Durante años, Bolivia se convenció de que la violencia extrema era un problema ajeno. Mientras otros países libraban guerras contra carteles, aquí se repetía que solo éramos un territorio de tránsito. Esa narrativa ya no resiste la realidad. Hoy las balaceras en plena vía pública, los ajustes de cuentas y los atracos violentos ocupan el espacio que antes pertenecía a la tranquilidad ciudadana. No es una crisis que apareció de un día para otro ni la responsabilidad exclusiva de un gobierno; es el desenlace de un modelo que permitió que, entre 2006 y 2026, la economía legal conviviera peligrosamente con una economía criminal que fue creciendo casi sin resistencia. En ese proceso, Bolivia dejó de ser un simple corredor para convertirse en un centro de producción y exportación de cocaína.

La ubicación geográfica del país, una ventaja para el comercio y la integración regional, terminó siendo también un activo para organizaciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). En municipios fronterizos como San Matías, la débil presencia estatal facilita la disputa de corredores hacia Mato Grosso y São Paulo. Lo ocurrido este año confirma que el problema dejó de ser silencioso: cuerpos decapitados en Yapacaní con mensajes intimidatorios, policías asesinados cuyos cuerpos fueron sustraídos por sus atacantes y un sicariato que ya no sorprende porque empieza a formar parte de la rutina informativa.

Las cifras ayudan a entender por qué el fenómeno alcanzó este nivel. Bolivia registra alrededor de 40.000 hectáreas de cultivos de coca, casi el doble de las 22.000 hectáreas permitidas por ley. Esa expansión alimenta una capacidad estimada de 300 toneladas métricas anuales de cocaína, mientras el propio Gobierno admite que la efectividad de la interdicción apenas llega al 10 %. Pero el problema no es únicamente de recursos. El informe de la Fundación Milenio advierte que la infiltración del crimen organizado en la Policía y el sistema judicial consolidó una estructura de impunidad que protege a las grandes redes delincuenciales.

La adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas y el restablecimiento de la cooperación con la DEA y la INL, tras más de una década de distanciamiento, reflejan el reconocimiento de una realidad incómoda: el Estado ya no puede enfrentar en solitario a organizaciones con capacidad financiera, tecnológica y logística superior. El intercambio permanente de inteligencia y las pruebas de polígrafo a unidades antinarcóticos apuntan a reconstruir una institucionalidad cuya credibilidad fue erosionándose durante años.

La captura y extradición de Sebastián Marset bajo custodia estadounidense simboliza ese cambio de época, pero sería ingenuo creer que un solo operativo resolverá un problema construido durante décadas. El narcotráfico no solo trafica cocaína; compra silencios, corrompe instituciones, financia estructuras de poder y ocupa los espacios que el Estado abandona. La verdadera discusión ya no es cuántas toneladas de droga se incautan, sino cuánto territorio, autoridad y legitimidad está perdiendo la democracia frente al crimen organizado. Porque cuando el miedo deja de pertenecer al ciudadano y comienza a ser administrado por las mafias, lo que está en juego ya no es únicamente la seguridad pública, sino la capacidad misma del Estado para seguir siendo Estado.