Achicar el Estado no es lo mismo que ordenarlo
El pasado 13 de agosto, tras nueve meses de gestión, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5675 de Organización del Órgano Ejecutivo, una norma que busca reestructurar la administración pública a partir de un modelo basado en la concentración de funciones y la eliminación de niveles jerárquicos innecesarios.
El Decreto incorpora como principios la eficiencia, eficacia, racionalización del gasto, simplificación administrativa, transformación digital, sostenibilidad y responsabilidad por resultados.
El nuevo organigrama tiene 12 ministerios de los que dependen 43 viceministerios, 183 direcciones, 113 entidades desconcentradas, descentralizadas o autárquicas y 32 empresas públicas. Además, incorpora a las Delegaciones y Representaciones presidenciales que puedan crearse en el futuro.
Paz había heredado un aparato gubernamental con 17 ministerios, 58 viceministerios y 231 direcciones, lo que representa una disminución de cargos jerárquicos del 28%.
Una de las características de la reorganización es el evidente nivel de desequilibrios en el mismo gabinete: Presidencia, Economía y Producción Sostenible controlan el 36% de las entidades gubernamentales de la administración central.
El problema no es solo cuantitativo: estas carteras concentran simultáneamente funciones de promoción, regulación, ejecución, supervisión y fiscalización, lo que conlleva el riesgo de que sus autoridades se conviertan en juez y parte.
El Ministerio de Economía emerge como uno de los grandes centros de poder del Ejecutivo. Además de macroeconomía y política fiscal, controla presupuesto, contabilidad, tributación, pensiones, tesoro, crédito público, inversión pública y financiamiento externo.
En un contexto de crisis fiscal esa concentración puede ser necesaria: no tiene mucho sentido planificar proyectos que el Estado no puede financiar ni presupuestar inversiones que no responden a prioridades nacionales.
Pero también existe un riesgo: una oficina que maneja todo el circuito financiero del Estado puede convertirse en un cuello de botella para los demás ministerios.
El Ministerio de Producción Sostenible es otro ejemplo: reúne 61 entidades, incluyendo producción e industrialización, mypes, agricultura, medio ambiente y comercio. Parece coherente, ya que producción y sostenibilidad necesitan estar conectadas.
El conflicto surge cuando la misma autoridad debe simultáneamente promover actividades productivas y ejercer funciones regulatorias.
Un problema evidente es la asignación de áreas disímiles al Ministerio de Relaciones Exteriores que, además de política exterior, diplomacia y asuntos consulares, asume comercio exterior, promoción de inversiones extranjeras, turismo, culturas, patrimonio, folklore, gastronomía, inteligencia artificial y tecnologías emergentes.
Esas materias tienen una dimensión internacional, pero su núcleo es doméstico y probablemente deberían permanecer vinculadas a carteras especializadas.
Otro desafío es el sobredimensionamiento del Ministerio de la Presidencia que controla la coordinación gubernamental, planificación estratégica, transparencia, seguimiento de resultados, modernización del Estado y articulación territorial.
Esto puede ser positivo si se pretende que la planificación deje de ser un ejercicio burocrático y se convierta en una herramienta de conducción efectiva. Pero también presenta un riesgo: que la planificación sea absorbida por la lógica política y pierda la autonomía técnica necesaria para evaluar políticas públicas con una perspectiva de mediano y largo plazo.
Bolivia ha reducido su Estado en el papel, pero no necesariamente lo ha simplificado en la práctica. Ha cambiado la dispersión por la concentración, y ambos extremos, sin reglas claras de coordinación y rendición de cuentas, conducen al mismo destino, un Estado que administra su propia estructura en lugar de resolver los problemas del país.
El Decreto 5675 es una apuesta audaz cuyo éxito se medirá en la capacidad de ejecutar lo que hoy es solo una norma aspiracional.
En un escenario de crisis, desinstitucionalización y polarización, puede ser una solución o un nuevo fracaso: todo dependerá de la voluntad política, la capacidad e idoneidad de los funcionarios y las condiciones de legitimidad y gobernabilidad política.
El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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