La Angostura, de infraestructura hídrica a atractivo turístico

Texto: Mary Milene André Torrico, Jorge Butrón Sandoval, Joel Jiménez Roca,

César Rodrigo Sánchez Calle y Alaín Terán Tapia / Estudiantes del Programa

de Licenciatura en Historia – FACSO – UMSS

A mediados del siglo XX, el departamento de Cochabamba enfrentaba una problemática estructural que condicionaba su desarrollo. Reconocido como el “granero de Bolivia” por la fertilidad de sus tierras, su potencial agrícola se veía constantemente limitado por la irregularidad en su clima y por prolongadas sequías que comprometían la estabilidad de la producción. Por esta razón, el agua se convirtió en el recurso estratégico cuya ausencia amenazaba la economía local y la seguridad alimentaria de una región de importancia nacional. 

En este contexto, surgió el proyecto de la Represa La Angostura, concebida como una solución hidráulica destinada a garantizar el riego agrícola y asegurar la productividad. Sin embargo, con el transcurso de las décadas, esta infraestructura trascendió su propósito inicial para convertirse en un espacio de recreación y turismo, transformando profundamente la relación entre la población, el territorio y los usos del agua. 

La historia de La Angostura constituye, un ejemplo paradigmático de cómo una obra de ingeniería puede evolucionar de instrumento agrícola a eje de nuevas dinámicas económicas, sociales y culturales.

LA PROEZA DE LA CONSTRUCCIÓN

El proyecto se inició durante el gobierno de Germán Busch. Fue entonces cuando, fruto de una gestión diplomática, arribaron a Bolivia dos comisiones de ingenieros mexicanos. Este gesto de solidaridad internacional no era fortuito; México poseía una vasta y reconocida experiencia en la construcción de grandes obras hidráulicas para enfrentar sus propias regiones áridas.

Al frente de la comisión estaba el prestigioso ingeniero Eligio Esquivel Méndez, un nombre asociado a las grandes presas de su país. En declaraciones recogidas por la prensa de la época, dejó clara su misión: “abarcar el problema del riego en Bolivia de forma integral, comenzando por Cochabamba, ya que es el principal distrito agrícola del país”. Su mirada veía más allá del dique; visualizaba un sistema que transformaría las condiciones agrológicas del departamento para convertirlo en el gran abastecedor de la zona altiplánica.

El equipo que lo acompañaba era un reflejo de este enfoque multidisciplinario. Gerardo García Kruschen, como jefe de Estudios y Proyectos, se encargaría de la ingeniería conceptual; Enrique Espinoza V., al frente de la sección agronómica, aseguraría que el agua sirviera efectivamente a la tierra; y Alfredo Marrón, como jefe de Construcciones, sería el artífice de trazar los planos a la realidad. Junto a ellos, como contraparte y puente local, estuvo el ingeniero Benigno E. Berdeja, jefe del Departamento de Riegos de Bolivia. 

Este equipo realizó los minuciosos estudios topográficos, geológicos e hidrológicos que confirmaron de manera científica que la boquilla del cañón de La Angostura, en el municipio de Arbieto, era el lugar ideal para represar las aguas. Sin embargo, uno de los legados más perdurables de esta colaboración fue el principio de transferencia de conocimiento. Esquivel insistió en que los ingenieros bolivianos trabajaran codo a codo con los mexicanos, no como asistentes, sino como aprendices. 

Esta decisión estratégica sembró la semilla de la capacidad técnica autónoma en ingeniería hidráulica, asegurando que Bolivia pudiera dar mantenimiento y continuidad a la obra en el futuro.

Sin embargo, incluso el plan inicial del proyecto chocó con un hecho complejo. La construcción de un embalse de semejante envergadura implicaba la inevitable inundación de tierras, lo que llevó al Estado a iniciar un delicado proceso de expropiación. Este capítulo estuvo marcado por un contraste entre la generosidad y la controversia. 

El caso más emblemático fue el de los agricultores extranjeros Esteban Yankovic y Antonio Zapkovic. En un acto de desprendimiento y fe en el desarrollo colectivo, se ofrecieron inicialmente a ceder sus terrenos al Estado sin recibir compensación económica alguna, reconociendo el beneficio superior que la represa traería a toda la región. Paradójicamente, el gobierno insistió en formalizar la expropiación para asegurar la posesión legal irrevocable, pero el avalúo oficial posterior les asignó indemnizaciones notablemente inferiores a las recibidas por otros propietarios expropiados. 

Este trato desigual desató un escándalo de proporciones ampliamente cubierto y criticado por el periódico El País en septiembre de 1939, que dejó al descubierto las tensiones y arbitrariedades socioeconómicas que suelen acompañar a los megaproyectos. La solución llegó con la intervención de un perito dirimidor, quien finalmente estableció una compensación más justa. Todo este proceso quedó formalizado bajo el paraguas legal del Decreto Supremo del 31 de julio de 1941.

Con los terrenos asegurados, la maquinaria de la construcción se puso en marcha y, para 1942, la obra ya exhibía avances colosales que hablaban de una proeza ingenieril sin precedentes en el país. 

En una entrevista reveladora, el ingeniero Alfredo Marrón detalló cifras que impresionaban: 15.000 metros cúbicos de tierra excavados para la cimentación, 750 metros cúbicos de concreto ya vertidos, un terraplén consolidado de 45.000 metros cúbicos, y otros 26.000 de enrocamiento consolidado y 53.000 sueltos para reforzar la estructura. 

La pieza más compleja y crítica de toda la obra era el vertedero y aliviadero de la margen izquierda, una estructura diseñada con una capacidad descomunal para la época: 2.400 metros cúbicos de agua por segundo, destinada a controlar las temibles avenidas en época de lluvias. Este sistema estaría compuesto por seis compuertas metálicas de 7,80 metros de altura y un peso de 35 toneladas cada una. 

Dada la incipiente industria local, estas gigantescas piezas tuvieron que ser encargadas e importadas desde los Estados Unidos. Se calculó que solo esta estructura demandaría 7.000 metros cúbicos de concreto y 190 toneladas de acero de refuerzo. Un desafío logístico adicional de enorme magnitud fue el desvío de 6 kilómetros de la línea férrea que quedarían sumergidos bajo el futuro embalse, lo que requirió la construcción de un nuevo trazado de 13 kilómetros que rodeara el perímetro del lago artificial. Para mediados de 1942, el cuerpo principal de la represa estaba completado en un admirable 60 por ciento.

Pero el ímpetu inicial pronto se topó con una pared de obstáculos aparentemente insuperables. A partir de 1943, una «tormenta perfecta» de factores externos e internos frenó en seco el progreso. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial el envío de las cruciales compuertas desde Estados Unidos fue paralizado y, de paso, generó una escasez crítica de carburantes, lubricantes y repuestos para la maquinaria pesada. A este colapso logístico internacional se sumaron graves problemas locales: el Ministerio de Obras Públicas redujo drásticamente el cupo mensual de cemento, de 2.200 sacos a apenas 400, obligando a gestiones desesperadas para importar material desde Argentina; la mano de obra especializada y los braceros abandonaban las obras en las temporadas de siembra y cosecha, y además fueron desviados hacia otro proyecto emblemático, la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz; y, para colmo, el erario nacional estaba exhausto, habiendo consumido por completo el empréstito inicial de 22 millones de bolivianos y los fondos recaudados del impuesto al trigo. 

Para 1944, la monumental obra llevaba paralizada más de un año, sumida en un letargo que desesperaba a los miles de propietarios que aguardaban el agua para sus tierras.

La respuesta a esta paralización no vino solo de las altas esferas, sino de una innovadora movilización social desde abajo. La desesperación llevó a la formación de un Comité de Propietarios, respaldado por la Prefectura del departamento, cuyo objetivo era fiscalizar la obra y ejercer presión constante para su reactivación. Instituciones cívicas influyentes, como el Rotary Club de Cochabamba, se sumaron a la causa. Miembros como Carlos de la Torre documentaron meticulosamente el estado de la obra y ejercieron un lobby incansable ante el gobierno nacional, logrando gestionar ante la recién creada Corporación Boliviana de Fomento el crucial financiamiento faltante.

El respaldo definitivo y el hito legal que rescató al proyecto de su languidecer llegó en enero de 1945. El presidente Gualberto Villarroel promulgó el Decreto-Ley que creaba oficialmente el “Sistema Nacional de Riego No. 1 “La Angostura – Cochabamba”. Este fue un acto de trascendencia que iba mucho más allá de la simple obra física. La norma no solo definía la estructura técnica integral (la presa, los canales matrices, los caminos de servicio), sino que por primera vez regulaba los derechos y obligaciones de los usuarios, establecía las bases para una administración organizada y la conservación del sistema, y, lo más importante, convertía el riego en una política de Estado, sentando un precedente institucional fundamental para la gestión del agua en Bolivia. 

Poco después, la visita del ministro de Agricultura, Julio Suazo Cuenca, y el anuncio de que la Corporación Boliviana de Fomento había aprobado un crédito de 24 millones de bolivianos, inyectaron el capital final necesario para culminar la represa, la cortina de distribución en Santa Vera Cruz y la extensa red de canales. 

Tras ocho años de esfuerzos titánicos, superando una guerra mundial, escasez y crisis financiera, la Represa La Angostura fue finalmente inaugurada en 1948. Su culminación fue el triunfo de la perseverancia colectiva sobre la adversidad, un símbolo de modernidad que prometía domeñar la naturaleza para el progreso de toda una región.

LA METAMORFOSIS

Durante sus primeras tres décadas, La Angostura cumplió su propósito original. Se consolidó como un pilar de la agricultura del valle alto y central de Cochabamba, un emblema de progreso técnico y autosuficiencia que garantizó la seguridad hídrica y alimentaria de la región. Sin embargo, con el paso de los años, la relación de la población con esta importante obra comenzó a experimentar una transformación silenciosa. Desde la década de 1970, de manera espontánea y al margen de cualquier planificación, comenzaron a surgir los primeros usos recreativos. 

Familias de la creciente ciudad de Cochabamba, ávidas de espacios de escape y contacto con la naturaleza, empezaron a visitar el embalse los fines de semana para bañarse en sus orillas, pescar o simplemente disfrutar de un día de campo. Eran prácticas informales, no contempladas en los cálculos de los ingenieros ni en la ley de 1945, pero que germinaron como la semilla de un cambio de paradigma imparable. 

Para los años 80, La Angostura ya albergaba una doble identidad: seguía siendo la infraestructura agrícola vital, pero también se estaba consolidando como un lugar de memoria y ocio en el imaginario colectivo cochabambino. La experiencia de tener un «lago propio» a las puertas de la ciudad alimentó un profundo sentimiento de orgullo regional y pertenencia.

El cambio de modelo económico en los 90, con la crisis de la agricultura tradicional y el auge del sector servicios, aceleró esta transformación. Los gobiernos municipales, en busca de nuevas fuentes de ingreso, comenzaron a promover activamente y discursivamente la represa no ya, como una mera obra técnica, sino como un «paisaje turístico». 

EL TURISMO

Esta resignificación coincidió con factores estructurales: el crecimiento explosivo y el aumento demográfico de la ciudad de Cochabamba, que incrementó la demanda de espacios recreativos cercanos; la mejora y asfaltado de las vías de acceso, que acortaron el viaje; y el poder de los medios de comunicación, que popularizaron mediante reportajes y fotografías la imagen del embalse como el destino ideal para el esparcimiento recreativo. El turismo dejó de ser una actividad espontánea para convertirse en una alternativa económica planificada, aunque incipientemente.

Sin embargo, la verdadera explosión del turismo, llegó con el nuevo milenio. La transformación fue dramática. Lo que a inicios de los años 2000 era un paisaje con una decena de rústicos restaurantes familiares que vendían trucha frita, se convirtió, hacia 2022, en un destino con más de cuarenta establecimientos gastronómicos de diversos niveles, con terrazas sobre el agua y especializados en la cocina regional. Paralelamente, la ribera se llenó de embarcaderos.

La Asociación de Recreación Náutica La Angostura y otros emprendedores locales desplegaron una flota de más de 20 botes, dos lanchas y 30 motos acuáticas, ofreciendo paseos desde los 7 Bs. por un bote a remo hasta los 100 Bs. por un recorrido completo en lancha. Las cifras hablan por sí solas: en temporada alta, la represa llegó a recibir más de 5.000 visitantes en un solo fin de semana. La economía local se reconvirtió radicalmente; más de doscientas familias que antes dependían directa o indirectamente de la agricultura pasaron a depender de esta nueva economía del ocio, ya fuera operando un restaurante, alquilando botes, vendiendo artesanías u ofreciendo hospedaje rural.

Pero este desarrollo explosivo y celebrado en sus inicios pronto reveló su lado oscuro, al ocurrir de manera desordenada y carente de toda planificación. La construcción de cabañas, parques infantiles, miradores y estacionamientos se realizó de forma anárquica, ocupando y degradando terrenos que originalmente estaban destinados a la conservación ecológica de la ribera o al propio sistema de riego. 

El valor del suelo se disparó, generando una fiebre especulativa inmobiliaria, conflictos por la tenencia de la tierra e incluso avasallamientos. La presión humana masiva, la falta de un sistema de tratamiento de aguas servidas para los nuevos negocios y la contaminación por residuos sólidos comenzaron a pasar una factura ambiental cada vez más visible. El propio recurso que daba vida al lugar era ahora el centro del conflicto.

Las tensiones latentes estallaron con violencia en 2021. Una sequía pronunciada hizo descender drásticamente el nivel del agua, dejando al descubierto la disputa subyacente. Agricultores y regantes, viendo peligrar sus cosechas y su fuente de vida tradicional, se enfrentaron físicamente a operadores turísticos, a quienes acusaban de priorizar el pasatiempo sobre la supervivencia productiva. 

La represa, símbolo de unidad y progreso, se convirtió de pronto en un campo de batalla que dividió a la comunidad. La Alcaldía de Arbieto intentó responder con una Ley Municipal de Conservación y Protección y anunció censos de actividades, pero las medidas resultaron insuficientes frente a la magnitud del problema y la presión de intereses económicos contrapuestos.

El punto de quiebre definitivo, que marcó el fin de la era de expansión sin control, llegó en 2024. Ante la evidencia de un daño ambiental severo y el riesgo de un colapso ecológico, el Juez Agroambiental de Punata dictó una medida radical: una «pausa ecológica» que suspendió de inmediato todas las actividades náuticas motorizadas (lanchas, motos acuáticas, botes con motor). 

Solo se permitirían, como medida de mitigación, las embarcaciones a remo o pedales. La decisión judicial, aplaudida por ambientalistas y regantes, fue un golpe devastador para la economía turística que se había construido. Emprendimientos innovadores, como el de un restaurante que había invertido en traer balsas de totora desde Copacabana para recrear la cultura lacustre andina, se vieron literalmente varados en el lodo, con su material pudriéndose ante la falta de agua suficiente ni para navegar.

En la actualidad, La Angostura enfrenta un escenario de tensiones entre su función original de riego agrícola y su creciente uso turístico. La represa, que en su momento fue símbolo de progreso y autosuficiencia, hoy es también espacio de recreación e identidad cultural. Sin embargo, la sobrecarga de actividades ha generado conflictos entre regantes y operadores turísticos, además de problemas de contaminación, ocupación informal de orillas y pérdida de equilibrio ecológico. 

Estos desafíos muestran que la disputa por el agua y el territorio no es solo técnica, sino también social y simbólica, ya que distintos actores —campesinos, empresarios, vecinos y ecologistas— pugnan por definir el sentido y el futuro de este lugar.

CONCLUSIÓN

En este sentido, este trabajo concluye con algunas ideas que no pretenden ser verdades absolutas, pero sí caminos posibles. Primero, urge una política pública integral que articule los intereses agrícolas, turísticos, ambientales y sociales, con base en la escucha activa de las comunidades. Segundo, es esencial rescatar la voz de los pobladores, como se hace en la historia oral, porque allí está la sabiduría que no aparece en los documentos oficiales. Y tercero, se debe entender que el conflicto por La Angostura no es solo un caso local, sino un síntoma nacional de los choques entre modelos de desarrollo, tradiciones rurales, expansión urbana y turismo sin regulación.

Finalmente, recordar que La Angostura, como toda obra que perdura, vive en la memoria, en el afecto, en la contradicción, que no debe convertirse en un simple destino turístico, sino mantenerse como ese “paisaje emocional” que une generaciones, que da identidad, y que interpela constantemente a quienes creen que el progreso debe olvidarse de las raíces.