Tiquipaya en “gran” riesgo por mantener franja del río
Las personas que, después del aluvión del 6 de febrero —ocurrido hace un año— retornaron a las casas que están a 12 y 15 metros del río Taquiña, están en una situación de “gran vulnerabilidad” ante el riesgo de un nuevo desastre, aseveró ayer el secretario de Madre Tierra de la Gobernación, Gonzalo Muñoz.
Al momento de enumerar toda la ayuda que la Gobernación le dio a los afectados, Muñoz dijo que pidieron que Tiquipaya revise la ley municipal que aprobó luego del desastre y establezca una nueva franja de seguridad con un fundamento técnico adecuado que responda al comportamiento del río; no que se adapte únicamente a la rasante de las casas.
La llamada de atención para que la Alcaldía cambie la ley que delimita la franja de seguridad a por lo menos 25 metros de la máxima crecida se lanzó nuevamente ayer con motivo de recordarse un año del desastre que impactó a Tiquipaya en 2018, cobró la vida de seis personas, arrasó con 42 viviendas y dejó 122 familias damnificadas.
Después de este tiempo no se pueden olvidar las muertes de Gamaliel Rojas (12), el niño que murió sepultado en la mazamorra que bajó como una avalancha del Parque Nacional Tunari por intentar salvar a su mascota; de Héctor Torrico (77), Teodoro Acuña (78), Paulina Montaño (42) y Janeth Nina (37).
Tampoco las de Alejandra Candia Granado (23), de su bebé de nueve meses, y de Arthur Orihuela (4), fallecidos en un desborde de las quebradas tapadas por construcciones en Chilimarca, en 2016.
Las seis víctimas del peor desastre que golpeó a Tiquipaya, hoy convertido en un municipio de urbanizaciones residenciales y uno de los que más invade el Parque Tunari, son la mayor señal del enorme riesgo que corren las familias que viven casi al borde del río Taquiña a pesar de las medidas de mitigación que se aplican para disminuir el peligro.
DISIPADORES Y ESTUDIOS DE CAUCE
La Gobernación informó que invirtió 2,5 millones de bolivianos en la construcción de disipadores, que tienen que contener la fuerza del agua. También se hizo un estudio del cauce con el Ministerio de Medio Ambiente y se gestiona un presupuesto de 11 millones de bolivianos para un plan de manejo.
También se hace dos estudios del curso de las microcuencas que podrían tener financiamiento del Banco Mundial, pero que tienen dificultades porque los trabajos se deben hacer dentro de un área protegida, el Parque Nacional Tunari.
