Alcalde no denunciará la retención de 15 funcionarios
La Alcaldía de Quillacollo firmó ayer un acuerdo con el Sindicato Agrario de Cotapachi para la ejecución de obras y anunció que no iniciarán acciones legales contra quienes retuvieron a 15 funcionarios el miércoles tras confundirlos con loteadores.
El alcalde suplente Antonio Montaño dijo que los funcionarios no pidieron permiso para entrar a tierras comunitarias. La autoridad firmó el acuerdo de siete puntos y aclaró que los funcionarios tenían que realizar la limpieza de unas ruinas recién descubiertas. El trabajo fue instruido por el Viceministerio de Interculturalidad.
“Nos aclararon que las personas que ingresaron a las tierras comunitarias trabajan en diferentes unidades de la Alcaldía. El Alcalde se ha comprometido a consensuar en adelante cualquier actividad en la zona para evitar confusiones”, señaló el dirigente Bernardo Almaraz.
Comentó que las autoridades municipales además se comprometieron a gestionar ante la Gobernación el proyecto de asfaltado de la vía Cotapachi-Caico y detalló que el costo supera los 17 millones de bolivianos.
“Hay predisposición de las instituciones de ayudarnos en la implementación de esta obra anhelada, pero se requerirá de la colaboración de la gente del lugar”, aseveró Montaño.
La autoridad adelantó que enviarán maquinaria al sector para hacer el mantenimiento del tramo, debido a que el transporte pesado comenzó a utilizar el camino desde marzo.
“Personal de alumbrado público se va a constituir en el lugar con la finalidad de hacer mejoras”, manifestó.
COMUNIDAD SE HARÁ CARGO DE QOLLQAS
El secretario general de la Alcaldía, Ramiro Fernández, indicó que los comunarios plantearon hacerse cargo de la administración de la parte turística de las qollqas para generar ingresos para las 80 familias.
“Se aclaró y definió que ellos van a administrar, pero vamos a trabajar en varios proyectos para que esto se realice de forma responsable”, afirmó.
Dijo que la intención es impulsar proyectos de turismo comunitario y negó que se vayan a iniciar acciones legales contra los pobladores por la retención de funcionarios.
