La Fedjuve da 72 horas para atender a las víctimas de avasallamientos
La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) determinó ayer en un ampliado extraordinario declararse en estado de emergencia y otorgar un plazo de 72 horas para que las autoridades de al menos 11 instituciones atiendan las denuncias y reclamos de las víctimas de avasallamientos.
El encuentro concluyó con el compromiso de la directiva de la Fedjuve de convocar a una reunión a asambleístas nacionales y a los ministros de Justicia, Gobierno, Desarrollo Rural y Tierras en las próximas 72 horas para exigir acciones inmediatas para frenar tráfico de tierras privadas y colectivas en Colcapirhua, Cercado, Arbieto, Sacaba, Tolata y otros municipios de Cochabamba.
El presidente de la organización, Ángel Quispe, añadió que también se hará extensiva la invitación al fiscal general del Estado, al comandante nacional de la Policía, al juez registrador de Derechos Reales y a los magistrados del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental.
Adelantó que, en caso de no ser atendida la solicitud, en coordinación con los afectados se tomarán medidas de presión como bloqueos en carreteras y marchas.
“Les estamos dando 72 horas para que resuelvan los problemas y atiendan a los afectados; si no hacen caso, nos iremos al bloqueo general de caminos”, advirtió.
Los afectados resolvieron además respaldar a la Fedjuve para que haga seguimiento al trabajo que realizará la comisión de fiscales que se conformó para investigar denuncias de avasallamientos de predios.
El ampliado también aprobó el inicio de acciones legales contra notarios y abogados que incurran en irregularidades para avalar la compra y venta de lotes.
Otro punto consensuado fue la presentación de un anteproyecto para ampliar la vigencia de la Ley 247 a la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. La propuesta contempla que la norma no beneficie a asentamientos ilegales y construcciones emplazadas en predios en conflicto.
Quispe informó que en el encuentro se acordó también que la organización continuará canalizando denuncias de más víctimas y rechazar las amenazas de dirigentes paralelos.
El ampliado se llevó a cabo con asistencia masiva de participantes, quienes expusieron sus demandas, las dificultades que atraviesan para hacer respetar su derecho propietario e identificaron a más de 50 presuntos loteadores.
Entre los asistentes se encontraban pobladores de Viña Central de Sacaba, mineros de la cooperativa Chicote Grande, representantes de los policías jubilados en la Mutual de Servicios Policiales (Muserpol), comunarios de Takoloma, Tiquirani, vecinos de Colinas de Andalucía, adjudicatarios de predios de la hacienda Canelas entre otros. En la mayoría de los casos, se detectó que existe retardación de justicia y “complicidad” de las alcaldías en las irregularidades.
Afectados anuncian que se crucificarán
Algunas personas afectadas por los avasallamientos de predios privados anunciaron que el martes se crucificarán en puertas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) para exigir a jueces y vocales respeto al debido al proceso.
Las víctimas indicaron que se conformó un Control Social que hace seguimiento a algunos casos, donde se identificó que los dueños son procesados por loteadores con denuncias fabricadas.
Según las víctimas, las denuncias que presentan los avasalladores son aceptadas e investigadas con celeridad, mientras que las que se inician contra los traficantes no avanzan.
