Indígenas no confían que ley frene abusos
Santa Cruz | Los Tiempos
El representante del Consejo Ejecutivo Continental de la Nación Guaraní, Celso Padilla, dijo que la reglamentación de la Ley 450, que establece mecanismos para precautelar el sistema y la forma de vida de los indígenas, no será la solución a los abusos a los cuales están sometidos por el Gobierno y las empresas ligadas al sector hidrocarburo que invaden sus territorios, señaló ayer durante un encuentro internacional sobre la alta vulnerabilidad de pueblos indígenas y políticas públicas, que se desarrolló en Santa Cruz.
El evento, organizado por el Defensor del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue convocado después de conocerse informes sobre la presencia de un pueblo no contactado en la zona donde la china BGP hace exploración hidrocarburífera en el norte de La Paz.
El evento denominado “Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad y Políticas Públicas” fue organizado en busca de rearticular una comisión interinstitucional que ejecute tareas para la protección de los pueblos indígenas.
Durante su intervención, el Defensor del Pueblo, David Tezanos, dijo que es urgente trabajar en la reglamentación de la Ley 450, que fue promulgada el 3 de diciembre de 2013, y que hasta ahora no ha sido aplicada porque “las instituciones que tenían la responsabilidad, dentro de lo que se iba a disponer, tenían algunas dificultades para asumir determinadas responsabilidades”.
Al respecto, el dirigente indígena Celso Padilla considera que la ley, aún si fuera reglamentada, no estaría en condiciones de aplicarse porque estará bajo la tuición del Poder Ejecutivo, el cual tiene preferencia por los trabajos de las empresas del sector hidrocarburos que, en muchos casos, han atentado contra el bienestar de los pueblos indígenas originarios.
“El Gobierno nacional y los ministerios jamás van a aceptar que existan los hermanos en aislamiento voluntario porque no les conviene, porque su interés prioritario es explotar los recursos naturales, y eso prácticamente los va a llevar a determinar que no existen los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, detalló Padilla.
En ese sentido, agregó que el Decreto Supremo 2366, que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas es inconstitucional, puesto que la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 30, inciso 18, establece que el Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su presidente, Guillermo Achá, negó hace pocos días la existencia de un supuesto pueblo no contactado en la Amazonia boliviana, como alertaron los tacanas y reportes de obreros, y advirtió que las tareas de exploración hidrocarburífera continuarán sin cambios en esa zona. No presentó ningún estudio que pruebe su versión.
Según Padilla, la consecuencia de continuar con actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas -donde habitan los pueblos indígenas no contactados- será el desplazamiento de estos sectores hacia territorios urbanos. “Allá no les queda de otra que salir a las calles a pedir limosna, y creo que ése es el peor daño que se le puede hacer a los hermanos no contactados”, añadió.
Por su parte, el representante del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, siglas en inglés), Alejandro Parellada, dijo que, además de la Ley 450, existen otros mecanismos internacionales orientados a la defensa de los pueblos indígenas, como el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece y determina los protocolos para la protección de estos sectores y, asimismo, la guía de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas con Alejamiento Voluntario.
Además, Parellada admitió que muchos Estados dan prioridad a la extracción de recursos naturales antes que a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. “En una gran cantidad de ocasiones se ha sacrificado la vida tradicional de estos pueblos expulsándolos de sus territorios o contaminando sus recursos”, agregó.
DESATENCIÓN A INDÍGENAS ES A ESCALA GLOBAL
El presentante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos (Oacnudh), Denis Racicot, aseguró que la falta de políticas y la escasa aplicación de las mismas en beneficio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario es un hecho universal y que, en todo caso, Bolivia ha tenido importantes avances porque ha aceptado debatir sobre la igualdad de estos sectores.
“Los derechos de los pueblos indígenas han avanzado a paso lento, son las poblaciones que han visto sus derechos más vulnerados históricamente en cuando a América Latina desde la colonización”, dijo.
Agregó que actualmente se han doblado los esfuerzos para que las naciones reconozcan los derechos de estos sectores, aunque considera que se trata de fenómenos profundos que están anclados en la historia y en las costumbres de las sociedades, por lo que “todavía hay que trabajar mucho para asegurar la plena igualdad”.
“No voy a entrar en detalles, pero conozco varios países, ninguno está en la misma situación. En todos los países los pueblos indígenas han sido sujetos de racismo, de discriminación social, aquí en Bolivia había una situación de exclusión social histórica que se ha mejorado en parte con la nueva CPE y el nuevo Estado Plurinacional”, explicó.
