Leyes dice que Gobierno quiere convertir a alcaldías en aduanas: “Eso demandará más recursos”
COCHABAMBA |
El alcalde de la ciudad, José María Leyes, rechazó hoy el proyecto de Ley que pretende otorgar competencias a los 339 municipios del país para controlar y erradicar la venta de ropa usada.
"Ello muestra una incapacidad por parte del Gobierno, una incapacidad de la Aduana (Nacional Boliviana) e impuestos nacionales (SIN), están tratando de disimular esa incompetencia trasfiriendo algo que ellos no pueden hacer a las alcaldías", manifestó la primera autoridad municipal.
En ese sentido, dijo que en caso de que el proyecto de Ley Competencial y Concurrente se apruebe, se tendrá que ver, además de la trasferencia de competencias a las alcaldías, el tema de los recursos que demandará su cumplimiento.
"Eso significará que se incremente personal de la guardia municipal e inspectores, entre otros (…) La propia Constitución dice que cuando se trasfiere una competencia ésta tiene que venir con los recursos para que se pueda dar cumplimiento", agregó Leyes.
Por su parte, el presidente de la brigada parlamentaria de La Paz, Víctor Ramírez, negó que el proyecto de ley sea inconstitucional.
"Hace nueve años, se emitió un decreto supremo que prohíbe la internación de ropa usada en frontera, pero lamentablemente las alcaldías no acataron los reclamos del gobierno central (…) Los municipios continuaron otorgando licencias, haciendo mucho daño a la economía", manifestó, según Erbol.
En esa línea, reiteró que el proyecto de ley señala que los concejos municipales tendrán la competencia para regular la prohibición, el decomiso y destino de la ropa de usada. Entretanto, la Aduana por su lado asumirá el control con más fuerza en las fronteras.
La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) prevé realizar una reunión mañana en Santa Cruz. Entre los temas que se tratarán está el proyecto de ley mencionado.
La semana pasada, el Gobierno informó que se remitió al Legislativo un proyecto de ley que le otorga a los gobiernos municipales la potestad para realizar controles en los mercados y evitar la venta de la ropa usada.
La comercialización e importación de ropa usada en el país está prohibida por el Decreto Supremo 28761.
