Gobierno y empresarios acuerdan uso de biotecnología para biodiésel
El Gobierno y los productores agropecuarios de Santa Cruz arrobaron ayer a un acuerdo para el uso de biotecnología para la producción de soya destinada a la elaboración exclusiva de biodiésel.
Los empresarios agropecuarios aplaudieron la medida. El investigador Marco Gandarillas, en tanto, alertó que se trata de una medida inconstitucional, de tinte electoral y con graves efectos ambientales y contra la salud.
“Primero se dio un paso importante con el etanol como combustible. Ahora se aprobó el uso de la biotecnología en la producción de soya para uso exclusivo en la preparación del nuevo combustible verde: biodiésel”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, al final del encuentro realizado en el aeropuerto de Viru Viru, en el que participaron también el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
Sánchez dijo que el acuerdo se dio en el marco de la Ley de Aditivos de Origen Vegetal, que apuesta por la producción de biocombustibles, y que en próximos días se elaborará un decreto supremo que regule la actividad.
“Necesitamos para el biocombustible 100 millones de litros de aceite vegetal, para lo cual es necesario el incremento de 250 mil hectáreas. El biodiésel permitirá bajar costos, bajar importación, bajar subvención al diésel y aumentar la producción de este combustible”, dijo, según nota emitida por su ministerio.
Sánchez explicó que actualmente existen 1,3 millones de hectáreas en Santa Cruz, para la producción de soya, que no deben ser afectadas porque ya tienen un destino: el mercado interno y la exportación, y con la autorización del uso de biotecnología se pretende incentivar el incremento de la frontera agrícola en 250 mil hectáreas, cuya producción será destinada al biodiésel.
Para todo el desarrollo del proyecto se estima una inversión de más de 2 mil millones de dólares, en infraestructura agrícola, industrias, maquinaria, entre otros.
El Ministro agregó que el Gobierno trabaja a partir de ahora para lograr en el corto plazo la firma de un contrato de provisión de biodiésel con el empresariado privado y que, por su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizará todas las adecuaciones de logística y almacenamiento que se requiera.
Críticas
Sobre el tema, el investigador del Cedib Marco Gandarillas dijo que la medida era inconstitucional, aprobada al calor de un año electoral y con graves efectos ambientales y en la salud. “Es un atentado a la Constitución porque francamente se desconoce todo el aspecto legal de protección a la agrobioversidad”,
Gandarillas lamentó que el Gobierno haya asumido una decisión “tan mezquina” de poner en juego la salud y el medio ambiente por ganarse al empresariado y unos cuantos votos en el año electoral.
Gandarillas mencionó que la medida que favorece directamente a las empresas extranjeras del agronegocio, pues se tendrán que importar agroquímicos, que fueron patentadas por grandes transnacionales.
Señaló que muchos de estos agroquímicos están basados en biofosfatos, altamente tóxicos, que traen severas secuelas en la salud y el medioambiente.
EN 2007, EVO SE OPONÍA AL BIODIÉSEL
El acuerdo de ayer se dio pese a que la posición de Evo Morales era otra al asumir el cargo de Presidente del Estado. En 2007, él anunciaba que el biodiésel ocasionará serios problemas de alimentación en el país.
“Siento que el llamado biocombustible ya ha empezado a crear cierta especulación. En el tema de tierra (hay que) prohibir la producción de algunos productos”, dijo el Jefe de Estado a la Radio Erbol.
En ese marco, Morales lamentaba la posición de algunos países de la región que buscaban producir biodiésel en mayor cantidad.
“Por tanto, alimento para el automóvil y no alimento para el ser humano”, agregó entonces.
