ONU inspecciona celdas de la Felcc
El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) realizó ayer una inspección en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba ubicadas en inmediaciones de la laguna Alalay, para conocer el trato que reciben las personas arrestadas.
Tras un recorrido por las celdas policiales, el representante del SPT Víctor Zaharia, explicó que los resultados de la inspección serán plasmados en un documento de recomendación que también incluirá a otras instituciones donde existan arrestados y privados de libertad.
“Las conclusiones a las que llegamos se plasman en un informe, y siempre alentamos al Estado, a las autoridades que procedan con la publicación de este informe, en cuyo momento se da oportunidad de diseminar la información, socializarla”, precisó el representante.
Es la segunda vez que Bolivia recibe la visita de este subcomité que tiene el objetivo de evaluar las condiciones de vida de los recluidos para protegerlos de las torturas y los malos tratos.
Asimismo los especialistas en materia de Derechos Humanos determinarán los avances alcanzados por nuestro país respecto a las recomendaciones realizadas durante la supervisión efectuada en el año 2010.
Bolivia ratificó el Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2006.
“El objetivo de nuestra segunda visita es examinar qué medidas se han adoptado e identificar medidas ulteriores que el país deberá adoptar para la prevención eficaz de la tortura y los malos tratos”, precisó por su lado Ginés Santidrián, jefe de la delegación que llegó al departamento ayer.
ONU RECOMIENDA A BOLIVIA
La Organización de Naciones Unidas (ONU), emitió un informe sobre la situación carcelaria del país en 2015, luego de haber evaluado la gestión 2014.
El documento manifiesta la preocupación del organismo por los altos índices de personas privadas de libertad sin condena, que alcanzan al 70 por ciento de la población carcelaria de todo el territorio boliviano.
Entre sus conclusiones recomendó que las instituciones del sector de la justicia definan un Plan Integral de Reformas Judiciales que plantee lineamientos básicos con medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas estructurales; y que adecúe las condiciones carcelarias a las normas internacionales, como los protocolos de detención.
