Ven distorsión de proceso judicial
La distorsión de los procesos judiciales, traducida en privilegiar las formalidades en lugar de buscar el fondo (la verdad y la justicia), fue señalada anoche como uno de los principales problemas dentro de la administración de procedimientos actuales de la justicia en Bolivia.
A esa conclusión llegaron anoche los juristas Ever Veizaga (fiscal de Distrito de Cochabamba) y Renato Pardo (experto en estos temas legales), además de la religiosa María de los Ángeles González (encargada de la Pastoral de Penitenciaría del Arzobispado de Cochabamba).
Los expertos fueron los principales panelistas del tercero de cinco conversatorios del ciclo sobre administración de justicia, organizado por el diario Los Tiempos, la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública Ciudadanía y el Centro de Estudios de la Comunidad Económica y Social (Ceres).
El evento de anoche tuvo por título “El debido proceso y los procedimientos de administración de justicia. El acceso a la justicia. La retardación y el juicio como castigo y el castigo como abuso”. Hizo de moderadora Vivian Schwarz, investigadora de Ciudadanía.
En la cita de anoche, los juristas Veizaga y Pardo coincidieron en que la administración de justicia boliviana se rige por una excesiva formalidad, dando como consecuencia el uso excesivo de incidentes (“chicanas”) y detenciones preventivas.
Además, según Veizaga, en los últimos tiempos todo se ha judicializado y se dan juicios hasta por temas pequeños (aparentemente para extorsionar) y que deben ser atendidos igual que los temas grandes causando recarga en la justicia.
Coincidente con esta posición, Pardo consideró que hay una distorsión de los principios y que el “debido proceso” ha sufrido una “depravación” para convertirse en un “procedimentalismo”, que genera trabas en el proceso judicial. Los operadores de justicia no buscan resolver el litigio, buscan sujetarse a las formas en una “aplicación mecánica”, dijo
Gonzalez, en tanto, acotó que producto de esas formalidades y detenciones preventivas se genera la mora judicial, las detenciones preventivas, el hacinamiento carcelario y el atropello a los derechos humanos.
Según González, el 85 por ciento de los detenidos en las cárceles del país no tiene sentencia judicial, lo que devela el abuso de estas detenciones.
Para Gonzalez, esto debe cambiar buscando la independencia judicial, la formación y capacitación de mejores profesionales de derecho y la gratuidad de la defensa.
CONCEPCIÓN ERRADA DE LAS CÁRCELES
En el encuentro también se habló de la concepción errada que se tiene de las cárceles, percibidas en nuestra sociedad como recintos para aislar a los delincuentes más que como centros de rehabilitación y reinserción social, según explicó el abogado Pardo.
María de los Ángeles González reiteró que en Cochabamba ocho de cada 10 reclusos no tienen sentencia ejecutoriada y que las cárceles están tres veces más pobladas en relación a la capacidad de estos ambientes.
González, Pardo y Veizaga coincidieron en que existe un abuso de la detención preventiva y consideraron que este recurso sólo debería aplicarse para los casos graves.
En el evento, el público también participó y reclamó por la aplicación de otros recursos como la conciliación y el arbitraje. Veizaga y Pardo estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Pardo y González observaron que a los conciliadores les fata más preparación para lograr acuerdos.
