Informe Defensorial concluye que jueces vulneraron los derechos de Eduardo León
LA PAZ |
La Defensoría del Pueblo, tras evaluar los pasos seguidos en la detención del abogado Eduardo León, procesado por el presunto delito de trata y tráfico de personas, identificó que se vulneró su derecho al debido proceso al haber sido detenido por más tiempo del establecido por la normativa vigente, por tanto, los jueces que conocían el caso incurrieron en violaciones a la ley.
El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, presentó el informe sobre este caso, resultado de una investigación iniciada el 20 de mayo, tras una denuncia formal por parte de León. Tezanos aclaró que en reiteradas oportunidades dijo que la audiencia de medidas cautelares debía efectuarse dentro de los plazos procesales establecidos en la normativa penal, ya que la misma venía postergándose al margen de lo establecido, tornándose la detención en ilegal.
El informe destaca que los jueces de instrucción penal como directores del proceso y controladores de las garantías constitucionales no podían haber dispuesto cuartos intermedios que carecen de fundamento legal, por lo que este accionar provocó que León guarde detención por siete días.
"En clara contravención al plazo de 24 horas que tiene un juez de instrucción en Materia Penal para establecer la situación jurídica procesal de un imputado, máxime si éste tiene la calidad de aprehendido", señala parte del informe.
La Defensoría del Pueblo observa también que no se haya dispuesto la libertad de Eduardo León a la conclusión de la audiencia cautelar y la aplicación de la detención domiciliaria que había dispuesto la Jueza de Instrucción Penal Cautelar de El Alto, pues "correspondía se disponga la libertad del imputado y el cumplimiento de las medidas sustitutivas en un tiempo prudente".
Asimismo explica que León cumplió con los requisitos para beneficiarse con la detención domiciliaria y no era responsabilidad del acusado que el Estado no disponga de un custodio. La Jueza, según la institución defensorial, debía haber librado el mandamiento de detención domiciliaria contra el imputado.
Ante esta evidencia de clara vulneración del derecho al debido proceso, la Defensoría del Pueblo recomienda a la Delegación Distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz, asumir las acciones administrativas correspondientes con todos aquellos jueces que conocieron la medida cautelar en el caso de Eduardo León.
También recomienda al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir un instructivo o circular recordando a los jueces que conozcan de la solicitud de medidas cautelares como aprehendido, el deber que tienen de definir su situación procesal dentro de plazo previsto por la norma.
Le recuerda, además, al Fiscal General del Estado y al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la obligación que tienen los funcionarios dependientes de estas reparticiones de colaborar con el ejercicio de las funciones de la Defensoría del Pueblo.
