De la cumbre al pantano

Estamos a punto de ser nuevamente defraudados, a gran escala, mediante la inminente realización de una “cumbre de la justicia”, concebida y manejada para muchos propósitos, excepto para encarar sincera y verdaderamente la insostenible administración de justicia en nuestro país.

Los gobernantes que se benefician directamente de contar con unos magistrados, seleccionados por ellos mismos y votados ceremonialmente, para garantizar la obtención de fallos que los favorezcan, les encargan a estos que se reúnan (en “gran cumbre”) para proporcionarnos un mapa de salida del laberinto que ellos administran.

La extrema contradicción de confiar esta tarea a quienes el mismo Ejecutivo fustiga y culpabiliza diariamente por cómo se encuentran las cosas, se hace mayor aún porque está presente el recuerdo de que si no actúan como se ha programado pueden recibir el mismo trato de los tres miembros del Tribunal Constitucional, juzgados y defenestrados por un Legislativo más obediente y sometido que el aparato judicial. Ese Legislativo que hoy simula investigar en serio una pequeña fracción de los varias veces millonarios contratos directos firmados con empresas extranjeras para realizar obras públicas. Los montos comprometidos en esas transacciones exceden notoriamente las cantidades de algunas importantes operaciones denunciadas en los escándalos de los papeles de Panamá.

La investigación parlamentaria, que da vueltas sin empezar siquiera a cumplir su más elemental obligación, que consiste en exigir explicaciones de por qué un mecanismo de excepción –la contratación directa, sin licitación o concurso– se ha convertido en el mecanismo habitual de delegar la realización de las grandes obras estatales, permite prever lo eficaz que será una “cumbre” que tiene como primera meta ratificar y asegurar que jueces y fiscales continúen sometidos al control y dominio del Gobierno, como ha ocurrido desde la fundación de la república y ha continuado, y empeorado hasta hoy, con o sin elección de magistrados.

Existe un conjunto de medidas que pueden ser tomadas casi de inmediato para empezar a resolver los problemas de un aparato judicial, que no necesitan de la gran y costosa farsa de la cumbre de justicia. La primera es liberar a jueces y fiscales de la subordinación al poder político y económico. Pero la posibilidad de que eso ocurra, tomando en cuenta los aprestos oficiales para elegir a quien se haga cargo de la Defensoría del Pueblo, no puede ser más desalentadora.

La redistribución de los juzgados; el alivio de la carga procesal, mediante la derivación de casos de deudas o de derechos de propiedad y la descentralización del Órgano Judicial son otras acciones, así como la impostergable y profunda reforma policial, que el Gobierno desvincula arbitrariamente de la reforma judicial.

El equívoco camino de la “cumbre”, que se encamina a desembocar en un nuevo pantano, puede ser cohonestado por la oposición política partidaria, concentrada en reiterar los males de la elección de magistrados, dando margen a la tramposa autocrítica de los gobernantes de haberse equivocado para concluir que aquello tendría que enmendarse mediante una reforma de la Constitución.

Esa propuesta presenta serios problemas en una coyuntura en la que el partido gubernamental y sus aliados más cercanos continúan anunciando que buscará un segundo tiempo para insistir en la habilitación como candidatos de los actuales Presidente y Vice.

Tal como ha ido adelantando hasta ahora, la “cumbre” apunta a prolongar la injusticia y, eventualmente, a que los gobernantes y sus socios fortalezcan su plan de no rendir cuentas y retener el poder a cualquier costo.  No necesitamos una cumbre trucada, sino una consulta-diálogo-deliberación colectiva que abra camino a soluciones y a sólidos acuerdos de largo alcance.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.