Sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones
Señor Director:
Mediante la presente hago referencia a la reciente publicación en la sección Editorial de 9 de septiembre 2017, titulada “Peligrosas decisiones”, en la cual se plantean de forma totalmente irresponsable especulaciones infundadas acerca de la sostenibilidad del Sistema de Pensiones.
En primer lugar, este Ministerio rechaza enfáticamente su afirmación respecto a que “El compromiso gubernamental está poniendo en peligro la viabilidad del sistema, lo vuelve a poner en riesgo de quiebra…”, ante tal despropósito, usted debe saber que el compromiso asumido por el Gobierno nacional es resultado de estudios matemáticos actuariales relacionados a la sostenibilidad del Fondo Solidario, no es una propuesta sin fundamento ni lanzada de manera irresponsable, como pretende hacer parecer su editorial.
En efecto, la sostenibilidad es uno de los principios establecido en la Ley de Pensiones, referido a la gestión efectiva, racional y prudente de los recursos de la Seguridad Social de Largo Plazo, manteniendo el equilibrio actuarial y financiero necesario para otorgar las prestaciones y beneficios que se otorgan en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), establecido por la Ley N° 065 de Pensiones.
Los citados estudios se realizan considerando ciertas variables, como ser:
–La cantidad de asegurados aportantes
–El nivel salarial de los aportantes
–La estructura de ingresos proyectada
–Las tasas de rendimiento sobre las inversiones
–La cantidad de beneficiarios
–Los egresos proyectados, etc.
Asimismo, el propio Ministro de Economía y Finanzas Públicas, en conferencia de prensa el pasado jueves 7 y en posteriores entrevistas, ha hecho mención a este tema afirmando que la sostenibilidad del Fondo, con esta modificación de la Escala de Límites Solidarios, alcanza a 28 años.
En segundo lugar, ante la afirmación de que “no se observa un ‘salto’ en el número de afiliados”, refiriéndose a la introducción del Fondo Solidario puesto en vigencia por la Ley N° 065, en diciembre de 2010, se refleja un completo desconocimiento del SIP, por lo que me permito invitar (…) a acceder a la información que publica el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en nuestra página web respecto a la evolución de asegurados en el SIP, que se incrementó de 1,3 millones a diciembre/2010 a más de 2,1 millones a mayo/2017, con una particular mención en el tema de Asegurados Independientes, aquellos que sin tener una dependencia laboral se aseguran al sistema de manera voluntaria (artesanos, trabajadores por cuenta propia, gremiales, etc.) que se incrementó en similar periodo de 59 mil a 187 mil.
Por otra parte, siguiendo la línea de su redacción, más bien debe afirmarse que el Fondo Solidario ha permitido “un salto” en la cantidad de jubilados: durante los 13 años de vigencia de la anterior Ley de Pensiones (1997-2010) no llegaron ni a 30.000 jubilados; mientras a partir de la vigencia de la Ley N° 065, se tienen 82.000 nuevos jubilados, haciendo un total de más de 112 mil jubilados hasta junio/2017, de los cuales el 85% cuenta con una Pensión Solidaria de Vejez, es decir cerca de 66 mil jubilados beneficiados.
En tercer lugar, ante la duda planteada de que “… estos montos deben salir de algún lado…”, cabe aclarar sobre su errada presunción que es el Fondo Solidario el que financiará dicho ajuste, sin incrementar los aportes que desde el año 2011 se han efectuado.
(…) La especulación infundada de su Editorial señala que “… lo que permite presumir que se incrementará el ‘aporte solidario’ de los empleadores y los aportantes con ingresos más elevados”. Al respecto, es necesario enfatizar que en ningún momento se ha mencionado siquiera un posible incremento a los aportes laborales y patronales, mismos que están vigentes desde hace ya siete años y no se modificarán.
Adicionalmente, solicito a su medio escrito profundice sus conocimientos, antes de hacer especulaciones tales como “… el seguir incrementando el ‘aporte solidario’ puede tener consecuencias nefastas…”, que convierten una especulación propia de su editorial en una afirmación.
Por todo lo señalado, queda expuesto que las afirmaciones de su editorial son equivocadas y muestran un deficiente uso de la información con un claro objetivo de generar especulación y desinformación en la opinión pública.
Es deber básico de su profesión informarse adecuadamente antes de emitir criterios infundados que llevan a la desinformación de la ciudadanía. Por tanto, se solicita la aclaración correspondiente y la publicación de esta carta en uso del derecho a la réplica, para que los lectores de “Los Tiempos” reciban una información veraz sobre el tema.
N. de D.- Como es política de Los Tiempos, publicamos la extensa réplica del Ministerio de Economía con algunos recortes que no afectan su contenido. Simplemente nos permitimos sugerir que se publique in extenso el estudio matemático actuarial que respalda el acuerdo firmado con los trabajadores, y ante la cascada de adjetivos emitidos, sólo cabe tener la esperanza en que el editorial de Los Tiempos esté tan equivocado como sostiene la Jefe de la Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Economía.
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