La democracia que queremos

La decisión de llevar adelante las elecciones primarias “cueste lo que cueste” (y en este caso hay una equivalencia literal y simbólica), ha despertado la aletargada reacción ciudadana que no ha tardado en hacer conocer su rechazo y bronca. Y es que más allá de dilapidar recursos económicos públicos que serían estratégicos para necesidades de vida o muerte (como la salud por ejemplo), implican el desvergonzado afán oficialista por “mostrar su musculatura política” (tal como lo afirmara el propio vicepresidente), como si un acto de esta naturaleza equivaliese nada menos que a un show de exposición cárnica.

Ahora bien, la bronca y rechazo generalizado contra dicha decisión también expresa la rotunda resistencia a que se malgaste dinero público en una farsa que no elegirá nada en vista que los binomios ya están definidos anticipadamente; y mucho menos representan ningún aporte a la democracia (tal como lo quiere hacer ver el oficialismo que está más preocupado por legitimar su candidatura trucha), a pesar de su intento por demostrar que promueve y cumple los ritos y protocolos de ejercicio democrático (tan caros “requisitos” para la diplomacia internacional preocupada por el cumplimiento de formalismos insustanciales en la práctica).

Lo que pasa es que insensiblemente se va montando toda una pantomima orientada a convencer y crear el imaginario de que en el país sí existe democracia y se cumplen y ejercitan todas las formalidades exigidas convencionalmente. Es decir, hay la intención premeditada de hacer ver como si en Bolivia se respetaran los derechos, existiesen libertades y se cumpliesen todas las normas y mandatos constitucionales.

Lo peor del asunto es que junto a semejante parafernalia de falseamiento de la realidad que oculta el secuestro y envilecimiento de la democracia, la burla e incumplimiento de la Constitución, y el completo desconocimiento del mandato soberano del 21F, la generalidad de los partidos políticos y una buena parte de las plataformas y colectivos que defendían la democracia y el 21F, se están inclinando a hacer el juego y favorecer semejante farsa.

No parecen percatarse (y otros lo harán muy conscientes de las consecuencias solo por mezquinos cálculos electoralistas), que al montar y subirse al engañoso escenario electoral montado, resulte que estén dispuestos ya no únicamente a convalidar una candidatura antidemocrática y anticonstitucional totalmente inadmisible, sino a avalar con su participación electoral, a la imposición de un régimen autocrático y dictatorial por la vía de las elecciones nacionales.

Sabiendo que existen condiciones adversas, árbitros parcializados, inconstitucionalidad e incumplimiento de mínimos requisitos democráticos y legales, e inclusive señas inequívocas del montaje de un fraude electoral, resulta cuando menos incomprensible que candidaturas y partidos que se aprestan a acudir a elecciones decidan ir a las mismas en esas condiciones. Bajo las circunstancias impuestas y en el más optimista de los escenarios imaginables, lo único a lo que podrían aspirar es a contar con una bancada parlamentaria opositora que solo sirva de eco de resonancia a la instauración de un régimen autocrático legitimado democráticamente.

Tan pobre como utilitario concepto de democracia, en donde a la oposición le bastaría con tener una bancada “respetable” con tal que satisfacer sus aspiraciones de poder, solo sería demostrativo de una pequeñez política de antología, pero que abismaría al país hacia un régimen totalmente opuesto a la vigencia de las más mínimas condiciones democráticas deseables.

Al mismo tiempo implicaría no escuchar el clamor popular y ciudadano, que antes y por encima de todo quiere democracia plena. Por ello y para ello, lo menos que puede aspirarse en la actual coyuntura, es que partidos políticos y candidatos, sin renunciar a sus pretensiones electorales, al menos se avengan a la necesidad imperiosa e imprescindible de: unirse a la resistencia popular y ciudadana para exigir y lograr la renuncia y/o anulación de la candidatura oficialista, al mismo tiempo de establecer las condiciones mínimas indispensables para garantizar elecciones transparentes, imparciales, equitativas y justas.