Situación del sistema financiero boliviano

Últimamente se ha escuchado hablar bastante sobre el sistema financiero, principalmente argumentos negativos de analistas que señalan que 2018 fue un año exigente para la banca por el cumplimiento de las metas de cartera, la menor liquidez, una baja en la rentabilidad por la regulación de tasas de interés y un incremento de la mora. Dichos analistas predicen un 2019 “desafiante” para la banca e infunden en la población expectativas negativas para este año.

A efectos de que la población boliviana cuente con información completa, clara y correcta, a continuación se explica los señalados puntos de debate:

Las metas de cartera fueron implementadas en la gestión 2013 (DS N°1842), estableciendo que en cinco años los bancos múltiples tengan el 60% de su cartera en créditos de vivienda de interés social y del sector productivo y los bancos pymes un 50% en préstamos a pequeñas, medianas y micro empresas del sector productivo.

Dentro del plazo de cinco años, los cuales concluyeron en la gestión 2018, se establecieron metas intermedias anuales para que los bancos alcancen el 60% y 50% respectivamente. Por lo que no es correcto señalar que 2018 fue un año exigente para la banca porque tuvo que alcanzar las metas de cartera, toda vez que el cumplimiento se dio de manera progresiva, existiendo casos, como el Banco Unión, en los que llegaron a la meta antes de los cinco años.

Los depósitos del Sistema Financiero, al cierre de la gestión 2018, crecieron en 1.354 millones de dólares(un 5,5%), sin embargo no representó un impedimento para el sistema financiero de continuar con un crecimiento de cartera por encima del 12%, lo cual fue factible gracias a la política monetaria expansiva implementada, como la reducción de encaje legal y la creación de un fondo para créditos destinados al sector productivo y a vivienda de interés social.

Dichas medidas, junto con la priorización del crédito regulado, no solo permitieron continuar con el dinamismo del sistema financiero, sino también contribuyeron a mitigar una mayor exposición al riesgo de liquidez, lo cual evidencia que el gobierno y la banca tienen el mismo objetivo de fortalecer el sistema financiero y promover la estabilidad financiera.

Los comentarios que aluden que es necesario levantar la regulación de tasas de interés para que se genere una “sana competencia” y no se afecte la rentabilidad de los bancos, no toman en cuenta que esta medida rompió con un oligopolio que establecía tasas de interés a su conveniencia; asimismo, permitió la inclusión de un nicho de mercado que antes no tenía oportunidad de acceder a un préstamo por las condiciones crediticias del pasado, hecho que además ayudó a los bancos a generar utilidades en montos nunca antes registrados. Desde la implementación de esta medida (2014) hasta la gestión 2018, las utilidades de los bancos ascienden a 1.399 millones de dólares, lo cual a su vez posibilitó la ampliación de la base patrimonial gracias a la exigencia de capitalizar cuando menos el 50% de sus utilidades, registrándose un incremento del 33% de su patrimonio desde la implementación de la Ley de Servicios Financieros.

Es importante destacar que más de 63.000 familias bolivianas accedieron a un financiamiento para una vivienda propia con tasas reguladas, cifra que debiera llamar la atención de los analistas más que la disminución del ROE de los bancos.

Es incomprensible que se presente como una preocupación la mora, cuando el índice llegó al 1,76%, el más bajo de la región y se cuenta con un nivel de cobertura del 155% ante posibles deterioros de la cartera. Se destaca que los índices de mora más altos se encuentran en los sectores que no tienen tasas reguladas.

En conclusión, el sistema financiero se encuentra con indicadores saludables, con un riesgo crediticio y de liquidez controlado y con una base patrimonial suficiente para encarar un crecimiento sostenido del crédito en respuesta a las políticas financieras que mostraron claramente beneficios no solo para la población sino también para la propia banca.

La autora es economista