Narcotráfico

Es innegable que en el actual gobierno la actividad ilícita de producción y tráfico de cocaína, está diseminada en todos los departamentos del estado plurinacional y se ha difundido entre diferentes grupos de la sociedad boliviana.

En los dos gráficos adjuntos, se observa que la población penal por delitos de narcotráfico crece pero no en la proporción de las incautaciones de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, que se triplicaron en los primeros años de gestión del gobierno del MAS; mientras que la población penal sólo se incrementó en un 30% (¿querrá decir que los narcos a quienes se incautó sustancias controladas no están cumpliendo condena por su delito?).

El foco de la represión gubernamental se centró en la “última etapa de la cadena”: la comercialización de las drogas, notoriamente. Sin embargo, pareciera que en las últimas gestiones el impulso inicial se hubiera abandonado, dando curso a una permisividad que parece cómplice con este tipo de delitos.

Como parte de la estrategia del gobierno, durante los cuatro primeros años, se disminuyó la represión en las zonas dedicadas a la producción de hoja de coca (ver gráfico de hectáreas erradicadas), aunque a partir del 2009 se incrementa la erradicación hasta el año 2013, para aflojar nuevamente estas funciones por el amplio rechazo que generan en la principal base social de sustento del gobierno del MAS.

La efectividad gubernamental en la detención de traficantes todavía debe mejorar mucho más; pues si anualmente se incautan 10.000 kg de pasta base de cocaína y 5.000 kg de clorhidrato, esta cantidad de drogas, proviene solamente de 1.250 hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca y el informe de monitoreo del cultivo reporta un total de 8.250 hectáreas en la región del Chapare para el año 2017.

En la actualidad se estaría incautando solamente la sexta parte de la droga que el país produciría anualmente, por lo tanto, aún se debe mejorar mucho más la efectividad de la policía antidroga.

La población dedicada a la agricultura en las cinco secciones municipales del Trópico de Cochabamba (Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos) según el censo nacional de población y vivienda del 2012 alcanza 45.889 personas que trabajan por cuenta propia, por tanto, puede estimarse que es este número de pequeños propietarios de terrenos ubicados en el Trópico de Cochabamba. Si se calcula un cato de hoja de coca por familia que reside en estos municipios, la superficie cultivada con coca en esta región del país debiera ser solamente de 7.342 Has. Curiosamente, las estadísticas de cultivo de hoja de coca para el año 2013, indican que en el Trópico de Cochabamba, alcanzan a 7.100 Has.

Ahora bien, si el gobierno pretende mantener esta superficie cultivada, sabiendo que el 95% de la misma se destina a la elaboración de pasta base de cocaína, debiera proceder a modificar la ley del régimen de la coca, para que sus actuaciones no se encuentren al margen de las leyes vigentes.

Algo para finalizar este tema: Las estadísticas oficiales de erradicación de hoja de coca en el período de gobierno del MAS (2006-2017), revelan un dato que es digno de mencionar: Se habrían erradicado un total de 100.301 Has, desde que Evo Morales es presidente, demostrando que las bases del MAS no respaldan las políticas públicas destinadas a limitar la superficie cultivada de coca y que solamente velan por preservar los cultivos excedentarios, cuyo fin es conocido.

Los volúmenes de marihuana incautada en territorio nacional se incrementaron también de manera alarmante en el período 2008-2011, sin mediar explicaciones de las autoridades para la disminución registrada a partir de esa gestión.

El mercado interno de drogas se ha incrementado en todo el territorio nacional y esta variable de la problemática del narcotráfico, no se había registrado en el pasado, lo que está generando otro tipo de problemas sociales en diferentes estratos sociales y de ingresos de nuestra compleja sociedad.

Los problemas que deben guiar el debate electoral en torno a la problemática del tráfico interno de drogas y su progresiva masificación a nivel nacional, son los siguientes:

i)    Alto grado de corrupción en la policía y poder judicial encargados de la interdicción y procesamiento de estos delitos.

ii)   Proliferación de pandillas juveniles en todas las áreas urbanas que utilizan jóvenes menores de edad (de entre 13 y 16 años) para el tráfico de drogas, incitados por delincuentes mayores de edad, para liberarse de responsabilidad civil.

iii)  Vinculación de esas pandillas con otro tipo de delitos comunes.

iv)  Crecimiento alarmante de prostitución juvenil y trata de personas.

v)   Pérdida de valores societales, que se traducen, por ejemplo, en el incremento de los delitos sexuales que comete la población, los delitos contra la integridad y salud de las personas y el crecimiento de robos, hurtos y estafas que afectan la seguridad ciudadana.

vi)  Complicidad delictiva por las amenazas a la vida e integridad de las personas, ante presencia de narcos en comunidades dedicadas a elaboración de droga y articulación forzosa y masiva a los miembros de las comunidades en las que operan los narcos.

vii) Complicidad social ante el despilfarro y blanqueo de recursos provenientes de actividades ilícitas, vinculadas al tráfico de drogas.

Para cerrar el tema de debate respecto al narcotráfico, se debe exigir respuestas a la falta de impunidad respecto al conjunto de casos de narcotráfico que enlodaron a autoridades del partido de gobierno que se han visto involucrados mediante fotografías y videos con narcotraficantes.

i)     Ex - Presidente del Senado, Santos Ramírez (julio de 2006), a través de una carta de recomendación para Freddy Terceros que es detenido con un cargamento de droga en el aeropuerto de El Alto.

ii)    Ex constituyente e importante dirigente del MAS, Margarita Terán (2008), por la detención de sus dos hermanas Elba y Juana Terán Gonzáles sorprendidas en posesión de 147 kilos de droga.

iii)   Ex Jefe de la lucha antidrogas General René Sanabria (2011) detenido en Panamá por una operación de 144 kilogramos de cocaína. Sanabria actuaba protegiendo envíos de droga de tres organizaciones de narcotraficantes.

iv)   Amauta que entronizó a Evo Morales, Valentín Mejillones Acarapi (2010) que fue detenido con 240 kilos de droga en su domicilio.

v)    Alcalde de Chacarilla por el MAS, Germán Alejandro Gutiérrez García (2006), acusado de narcotráfico por tener en su vehículo 1.815 gramos de cocaína. El proceso continúa sin que se haya suspendido de sus funciones como indica la Ley de Autonomías.

vi)   Alcalde de Catacora por el MAS, Justo Sanga Castro (2009), aprehendido en Logusmanaya frontera con Perú, con 173 kilos de cocaína.

vii)  Alcalde de  Warnes por el MAS, Mario Cronembold (2011), acusado por la Fiscalía regional de tener relación directa con un narcotraficante colombiano prófugo de la justicia, fue recluido en la cárcel de Palmasola con detención preventiva junto a su chofer, posteriormente recuperó su libertad y permanece en el cargo.

viii) Alcalde de Calamarca por el MAS, Yesid Luin Mamani (2011) sorprendido transportando 2,8 kilos de cocaína. El juez Rolando Sarmiento determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.

ix)   Ex Contratista de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, José Luis Sejas Rosales (2015), enfrenta en la Argentina 13 procesos por el tráfico de una tonelada de cocaína.

x)    Hermana de la diputada del MAS Adriana Arias, Máxima Arias Calderón (2017), detenida en posesión de 10.480 gramos de cocaína.

xi)   Ex Asesor del MAS Rómer Gutiérrez Quezada (2017) detenido en Brasil con 100 “ladrillos” de cocaína pura.

xii)  Exjefes policiales, Gonzalo Medina y Fernando Moreira (2019) por vínculos con Pedro Montenegro procesado en Brasil por narcotráfico.

El debate electoral debiera diferenciar la guerra sucia que se conoce de anteriores procesos, con la necesidad de la ciudadanía de demandar soluciones la problemática descrita.

Fuentes utilizadas para la elaboración propia de los gráficos:

http://www.ine.gob.bo (sector social, inseguridad ciudadana) y Reporte anual del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

El autor es economista