¿Incendios forestales para la seguridad alimentaria?

En 1973 viajé a Santa Cruz para conocer de cerca la producción y cosecha del algodón, algo nuevo en el país, que con gran entusiasmo muchos propietarios de tierras cultivaron como la segunda actividad económica más importante después de la caña de azúcar. Para ese propósito tuvieron el apoyo total del presidente Hugo Banzer que gestionó un millonario crédito canalizado vía Banco Agrícola que después quebró porque no pagaron la deuda contraída.

El área chaqueada giraba principalmente por los alrededores de la ciudad de Santa Cruz y de las poblaciones de Warnes, Montero, Mineros, Cotoca, Río Grande hasta  Pailón, contaban para ello con alguna infraestructura vial de acceso. Inmensos campos de flores blancas de algodón combinaban con extensos bosques vírgenes, acompañados por un clima cálido, pero húmedo, con tierras fértiles donde ingresaron miles de trabajadores campesinos (hombres y mujeres) contratados por sus propietarios en el valle cochabambino para cosechar manualmente sus flores. 

En aquellos años, a pesar de la quema de los árboles o arbustos cortados, se habilitaron miles de hectáreas para la producción algodonera; pero no hubo incendios de magnitud; si se presentaron algunos casos, fueron apagados rápidamente con tecnologías simples al alcance de la mano y cuyo manejo lo conocían muy bien los cruceños desde sus ancestros. La mayor defensa contra los incendios era el propio bosque húmedo donde fue difícil que se prenda el fuego y los vientos fueron contrarrestados por los mismos árboles que resistían al viento y le hacían perder fuerza, impidiendo el rebrote del fuego. Esas prácticas agrícolas del pasado, rodeadas de bosques y/o (cortinas forestales rompe vientos), solo existen o quedan hoy en día en algunas empresas organizadas o planificadas cumpliendo normas técnicas de manejo integral de los recursos naturales.

Con la expansión de la frontera agrícola y el avasallamiento de los bosques forestales no aptos para la agricultura como es la Chiquitanía se han roto por completo los principios científicos que regulan el buen uso del suelo y del bosque. Por eso los incendios son parte sustancial de esa ruptura con el orden natural, ambiental, social y económico del país.

La defensa de los bosques forestales y las áreas protegidas ha sido siempre una obligación del Estado boliviano desde el pasado independientemente de las concepciones ideológico-políticas de los gobernantes de turno. Con ese fin se han creado leyes para proteger ese bien común que es el recurso bosque o el agua; pero ahora ocurre al revés, se aprueban leyes para chaquear y destruir el bosque chiquitano y amazónico con el pretexto de garantizar la seguridad alimentaria, lo que es una verdad a medias. La producción soyera, cañera o ganadera para la exportación funcionará únicamente si hay mercados preferenciales en el exterior, si hay subvención al precio del diésel como ocurre actualmente y el Estado boliviano tiene que seguir financiando grandes obras de infraestructura para el transporte de los productos a los mercados internacionales.

Con tantos años de experiencia en agricultura extractiva lo que hay que hacer es transformar estas actividades económicas primarias en complejos agroindustriales o agroganaderos que generen mayor valor agregado y mejoren la competitividad de los precios y la calidad de los productos en los mercados internacionales, agregando más valor a dichos productos y no expandiendo la frontera agrícola con la quema o incendio de nuestros bosques en el oriente boliviano.

El autor es economista