Economía: Las tareas pendientes para el nuevo gobierno

Más allá de los resultados que arrojen las elecciones del 20 de octubre próximo, es claro que 2020 va a ser un año que requerirá ajustes importantes en el manejo económico.

El contexto internacional es aún más incierto que a inicios de la década que termina y en muchos aspectos, más complejo para las economías exportadoras de materias primas, la guerra comercial que ha desatado Donald Trump ha empujado a la baja una serie de precios, entre ellos el de la soya, lo que –junto con las menores previsiones de crecimiento de las economías vecinas– hace suponer que los ingresos por exportaciones no se recuperarán de manera rápida.

Por otro lado, los contratos de exportación de gas deben ser renegociados, y tanto Argentina como Brasil tienen elementos a su favor. La desregulación en el mercado brasileño, junto con el desprendimiento del mercado del gas de la tendencia que observa el del petróleo, hacen necesarios mecanismos de negociación más complejos y, probablemente, menos halagüeños para Bolivia.

En el caso de Argentina –más allá de la crisis que enfrenta– en los últimos años ha logrado atraer las inversiones necesarias para desarrollar el campo Vaca Muerta, lo que significa que en pocos años ese país podría pasar de ser importador neto de energía a exportador, convirtiéndose en un competidor nuestro, antes que cliente.

Finalmente, en el ámbito interno, los ya conocidos desbalances macroeconómicos y el cambio evidente en las expectativas de las familias han reducido el ritmo de su consumo (fundamental para sostener el actual modelo de crecimiento), aun cuando en los últimos 18 meses el Banco Central y el propio Ministerio de Economía han tratado, de forma agresiva, de fomentar el gasto y el endeudamiento.

 Urgente e importante

Ahora bien, en este panorama surgen tareas urgentes y tareas importantes. Evidentemente lo urgente deberá ser llevado adelante durante el año 2020, pero muy probablemente no sea suficiente para asegurar un patrón de crecimiento sostenible, por lo que será necesario ejecutar lo importante durante las gestiones posteriores.

Tres son, al menos, son las medidas urgentes:

1.      Racionalizar el gasto público, lo que necesariamente implica recortar el gasto corriente, sobre todo en aspectos superfluos como la propaganda y la movilización de funcionarios y entes afines al gobierno, que tienen un elevado costo, pero también una parte del gasto de inversión o, alternativamente, buscar nuevas formas de financiamiento y ejecución, quizás a través de asociaciones público–privadas, bajo esquemas que permitan la atracción de capitales nacionales y extranjeros.

Hasta hoy, los preceptos ideológicos del Gobierno han evitado llevar adelante esta tarea, y aun cuando se está hablando de estas asociaciones, las mismas distan bastante de ser atractivas para los grandes capitales, sobre todo porque siguen poniendo al Estado como principal administrador y al actor privado como un mero operador sin voz ni voto sobre el uso de los recursos.

2.      Descentralizar el control de los recursos públicos ya que, en los últimos años, contrariamente a lo buscado con el proceso autonómico, se ha concentrado una parte cada vez más grande del Presupuesto General del Estado en el nivel central del gobierno. Esto es todavía más urgente si se piensa en las fuertes asimetrías del ritmo de crecimiento por Departamento, junto con lecturas erradas de la política pública sobre las necesidades de la población, que han llevado, por ejemplo, a descuidos serios en aspectos como la salud y educación (tareas concurrentes con los gobiernos subnacionales).

3.      Levantar las medidas administrativas que limitan el desempeño del sector privado, y que, en la mayoría de los casos, se refieren a reglamentos y resoluciones en el ámbito laboral, tributario y aduanero.

La posibilidad de hacer fiscalizaciones retroactivas a más de 10 años, la presión excesiva sobre los funcionarios de mandos medios para recaudar, atribuciones como la determinación de rentas presuntas sin la necesidad de establecerlas adecuadamente y una serie de otros mecanismos, han empujado a la economía hacia una atomización creciente lo que, junto a la alta informalidad, han impedido la creación de empleos dignos, por lo que la vulnerabilidad de la población, ante cambios en el entorno económico está en aumento.

Finalmente, los cambios importantes requieren de consensos mucho más difíciles de lograr, pero que son necesarios. Las reformas importantes son dos: una nueva normativa laboral y tributaria. En lo laboral, el problema es claro: la ley y las normativas no promueven la creación de empleo, protegen, en el mejor de los casos, al 20% de la población ocupada y empujan a los nuevos emprendimientos a la informalidad, dados los altos costos laborales vigentes. Por otro lado, el conjunto de leyes en este ámbito está pensado desde una perspectiva industrialista, propia de la visión de la década de los 40 que, ante los cambios tecnológicos y las nuevas formas de empleo y producción, queda completamente desfasadas de la realidad del trabajador.

En el caso tributario, los problemas son muchos, pero en general, parten de la inequidad que generan entre aquellos actores atrapados por el sistema y quienes pueden moverse por fuera de este. El carácter punitivo y recaudatorio del sistema tributario se contrapone a la urgencia de desarrollo de nuevos sectores y actividades, y es contrario al objetivo de ampliar la base tributaria, reducir la regresividad de los impuestos en Bolivia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones que representa.

Para lograr estos cambios será necesario redefinir el perfil productivo que se busca para el país: cuáles son los roles de los actores y, en particular, los espacios y atribuciones del sector público. Es claro que esta tarea es difícil, pero es necesaria, ya que los cambios en las formas de producción son cada vez más acelerados y, en la medida que no se ajuste el esquema normativo en el país, las brechas que Bolivia enfrenta respecto de sus vecinos y el mundo se van a seguir incrementando.

El autor es economista