Cazarrecompensas, pérdida de propiedad por denuncia

La Ley Nº 913 de 16 de marzo de 2017 decreta la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, su principal objetivo no es controlar y fiscalizar las sustancias controladas, más bien es secuestrar, incautar y confiscar bienes no a favor del Estado, como dice, sino a favor de operadores de la persecución y beneficio de los cazarrecompensas. El Estado es una banda de gobernantes, con sus operarios con nombre y apellido, nada más.

Desde un punto de vista económico, la producción y venta de drogas beneficia a quienes tengan el monopolio del mercado, así lo hemos visto en EEUU con la prohibición del alcohol mediante la Ley Seca entre 1920 y 1933, años de la mafia operada entre delincuentes que usaban la violencia para controlar el negocio. Así estaban los políticos, jueces, fiscales, policías y traficantes inmersos en operaciones de compra venta de una mercadería muy demandada. Estos privilegiados por la prohibición anulaban a la competencia. Nosotros, aquí, debemos aceptar que hasta ahora hemos perdido la guerra contra las drogas.

No solo eso, la ley que venimos analizando viola la propiedad privada y el debido proceso, permite “la pérdida de dominio de bienes como instrumento jurídico de carácter real, independiente de la responsabilidad personal” (Art. 2, inc. c), la persecución abarca “independiente de la responsabilidad personal”, aspecto nefasto que significa violación, arbitrariedad, expoliación, robo, saqueo de los bienes propios de personas que pueden ser inocentes. Pero sólo la competencia y los enemigos, caen en esta ley.

Dircabi es la institución destinada a la administración de estos bienes. Puede disponer anticipada y definitivamente los bienes sin consentimiento del titular, supuestamente mediante orden del juez competente dentro de un proceso y sentencia ejecutoriada, pero el Conaltid podrá transferir “excepcionalmente”, previa evaluación, bienes muebles e inmuebles confiscados, a título gratuito, a entidades públicas (Art. 57). Se puede perder la propiedad sin necesidad de sentencia y por mera denuncia.

Esos bienes serán “monetizados” para tener dinero mediante subasta pública y venta directa, una venta directa con un precio que puede ser fijado por la “entidad pública correspondiente” o una cotización, una venta que puede ser de disposición anticipada, es decir antes de sentencia. Hasta aquí, cualquiera pensaría que el dinero obtenido puede beneficiar la prevención del consumo de las drogas mediante la educación o la construcción de albergues de recuperación de adictos. Nada más ingenuo, el dinero será repartido entre los cazarrecompensas, se da privilegió económico a la persecución, no a la prevención y rehabilitación. La distribución del botín, mejor dicho, según el art. 63, la “monetización” se divide entre a) la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico – Uuelicn, el cincuenta y cinco por ciento (55%). b) A Dircabi, el veinte por ciento (20%). c) Al Conaltid, el diez por ciento (10%). d) Al Ministerio Público, el quince por ciento (15%) y los “informantes” pueden conseguir hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos destinados a la Uelicn.

La realidad nos demuestra cómo se manejan estas instituciones. En junio del presente año una persona que estuvo en la cárcel por estafa fue designada encargada de Dircabi en Santa Cruz, tuvieron que destituirla por la presión pública. En abril nos enteramos de que el coronel Gonzalo Medina no entregó unos 200 vehículos incautados. En mayo nos informamos de funcionarios que lograron vender 13 vehículos, entre ellos muchos camiones. El matutino La Razón, en mayo de 2013, da cuenta de 6.000 bienes desaparecidos; en septiembre de 2015, el mismo medio nos dice que sólo se recuperó 20 de 700 inmuebles “perdidos” en la incautación. La realidad supera mis palabras.

El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE)