Nuevas esperanzas para el LAB
Hace casi 11 años, en marzo de 2009, los ejecutivos del Lloyd Aéreo Boliviano dieron al país una buena noticia. Anunciaron que la empresa había logrado superar la peor crisis de su historia y con un vuelo, lleno de valor simbólico, dieron por inaugurada una nueva fase en la vida de la aerolínea.
Poco duró el entusiasmo, pues ese mismo día el Gobierno de Evo Morales se puso en acción para evitar el renacimiento del LAB. El golpe fue asestado a través de Grandes Contribuyentes (Graco), que siguiendo órdenes provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas instruyó a todas las agencias de viaje que confisquen el 100 por ciento de los recursos captados por venta de pasajes.
Eran tantos y conocidos los antecedentes que precedieron la determinación de Graco, que quedó definitivamente sembrada la duda sobre los reales motivos del rigor con que el Gobierno actuó contra el LAB. Más aún si por esos mismos días la bancada del MAS daba en la Asamblea Legislativa Plurinacional los últimos toques a las leyes que darían vida a Boliviana de Aviación, (BoA).
Efectivamente, pocos días después de la intervención de Graco, BoA hizo su vuelo inaugural. Quedó para todos claro que una condición indispensable para que BoA pudiera vivir era que previamente el LAB fuera condenado a morir.
El revés sufrido no fue suficiente para desalentar a los ejecutivos y trabajadores del LAB que nunca dejaron de dirigir sus esfuerzos a la resurrección de la empresa. Se exploraron muchas vías y ensayaron diversas fórmulas, ninguna de las cuales logró ir más allá de las declaraciones de buenas intenciones.
Ahora, con el cambio de las circunstancias políticas, ha vuelto a abrirse la posibilidad de que el LAB recupere el sitial que fue conquistando en los cielos de América desde 1925 y se encamine a festejar con vida su primer centenario.
El camino en esa dirección no será nada fácil, no es imposible allanar los obstáculos económicos y legales. Según las cifras expuestas por los ejecutivos de la empresa, la deuda impositiva, a las AFP y a sus extrabajadores, que son las tres más grandes, pueden ser solventadas si el Estado reconoce los derechos de propiedad del LAB sobre los terrenos de los principales aeropuertos del país. Algo que más que de una decisión de los estrados judiciales, depende de un acto de voluntad política del gobierno central.
Al abordar el reto que se les ha planteado, las autoridades gubernamentales tendrán que considerar que, además de la dimensión estrictamente económica del asunto, el LAB posee un enorme valor simbólico. Es de esperar, por eso, que esta vez las esperanzas que están siendo abiertas no deriven en una nueva frustración.
