Chile y la guerra del Chaco. La pregunta de Mr. White

Una vez que, a fines de julio de 1932, Bolivia invocó su derecho a represalias por la retoma de la laguna Pitiantuta por fuerzas paraguayas el 15 de ese mes, haciéndose a su vez de los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón, para los países que constituían la Comisión de Neutrales –conformada justamente para evitar un conflicto bélico por la disputa de ese territorio– era claro que sólo el actuar de manera contundente podría salvar las gestiones de paz iniciadas a principios de ese año.

Así, el 6 de agosto, la Comisión, también conocida por ABCP –por sus componentes: Argentina, Brasil, Chile y Perú–, envía a Paraguay y Bolivia una nota instándoles a frenar cualquier iniciativa bélica y, más, bien, atenerse al derecho internacional para zanjar su disputa; como primer paso, se pedía a ambos países retroceder sus tropas a las posiciones que mantenían el 1 de junio de ese año. Mientras que Paraguay respondió aceptando esa propuesta, Bolivia la rechazó tajantemente, señalando que sus actos se enmarcaban en la estricta defensa de su soberanía.

Ante ese fracaso, se comenzaron a barajar opciones más duras, que incluyesen la suspensión de relaciones diplomáticas con ambos países, obligarlos a aceptar la vía de arbitraje y considerar como actos inamistosos ante terceros cualquier ayuda que se les preste. Este último punto generó un serio contratiempo para Chile, al recibir presiones de Argentina para que amenace a Bolivia con impedir el paso de armamento por el puerto de Arica.

Desechando tal posibilidad, Chile prefirió el camino diplomático, forzando a los neutrales a enviar una segunda nota a los beligerantes el 27 de agosto, proponiendo la convocatoria inmediata a una conferencia en sede a definir, que trate sobre la condición en que quedarían las zonas ocupadas después del 1 de junio, discutir alternativas para un arreglo amistoso de la cuestión de fondo y, en caso de imposibilidad de entendimiento, sugerir las bases para un arbitraje; pero, como condición previa para esa convocatoria debía cesarse toda actividad bélica. Esta vez Bolivia aceptó tal propuesta, pero Paraguay advirtió que, mientras Bolivia no devolviese los fortines tomados, rechazaba cualquier negociación.

Mientras las acciones de armas se sucedían entre ambos países, los posteriores intentos que hicieron los ABCP no prosperaron. Y sus gestiones se complicaron aún más cuando, el 10 de mayo de 1933, Paraguay declara la guerra a Bolivia. Para los analistas, tal decisión tenía un fin específico: buscar que Chile cierre el paso al armamento importado por Bolivia, aplicando por el lado negativo lo expresado por sus autoridades, respecto a que el país trasandino podía “ejercer el derecho de abrir o no sus puertos cuando se trata de tráfico de armas”, interpretación unilateral de una de las cláusulas del Tratado de 1904. Sin embargo, Bolivia confiaba que eso no se diera, apoyada en las declaraciones del canciller chileno Cruchaga Tocornal, quien evocó que EEUU vendió grandes cantidades de armamento a los enemigos de Alemania y Austria, mucho antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, desechando por intrascendentes los reclamos de esas naciones.

Empero, ni entonces ni en los meses posteriores de la contienda bélica, Chile cerró sus puertos al paso de material bélico hacia Bolivia.

Hasta hoy se sigue discutiendo el porqué de la decisión chilena de no ejercer en forma negativa ese derecho proclamado por Cruchaga Tocornal. Parece ser que la clave de tal actitud está en las consecuencias de la pregunta que hizo a Chile el subsecretario de Estado, Francis White, en abril de 1932.

Ese fue un mes de intensa actividad diplomática, a raíz del sesgo que estaba tomando la Conferencia de Washington –creada a principios de 1929 a raíz del asalto paraguayo al fortín Vanguardia–, al insistir Paraguay, pese al rechazo de Bolivia, en entrar en un arbitraje integral, reclamando además en retornar a lo acordado en el Tratado Pinilla-Soler de 1907 –aunque el mismo fue dejado sin efecto por acuerdo de partes seis años después–. Empero, el tema limítrofe quedó en segundo plano, al conocerse la insólita novedad de que White, presidente de la Conferencia, había enviado una nota a la cancillería de Chile, consultando si en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, ese país, además de la amplia libertad de comercio que dio a Bolivia por el puerto de Arica, hacía lo mismo con la internación de armamentos hacia nuestro país, llegando al extremo de sugerir una modificación restrictiva de esa libertad.

Considerando fuera de lugar tal solicitud, que era justificada en la capital de EEUU como una manera de buscar mecanismos para garantizar la paz en el Chaco, mientras se llegue a un arreglo definitivo entre los dos países en conflicto –aunque no se hizo la misma consulta respecto a la internación de armas por parte del Paraguay–, las alarmas que saltaron en La Paz pronto parecieron atenuarse, al llegar la noticia de que el canciller chileno Balmaceda habría indicado lo siguiente a la prensa:

“Los países que están dispuestos a interponer sus buenos oficios (…) para evitar un conflicto armado, habrían insinuado a nuestro gobierno que desahuciara el Tratado de 1904, pero (…) tal cosa no se hará, por cuanto que nuestro Gobierno cumplirá en todo momento su palabra estipulada en dicho tratado. Por otra parte, hemos sido informados que entre las potencias relacionadoras (sic) se estaría tramitando un acuerdo con el único fin de obtener la limitación de armamentos a Bolivia; para esto habría necesidad de interpretar en tal sentido el tratado de 1904 y, además, otros de carácter meramente internacional. Las medidas relacionadas con los armamentos no estarían comprendidas en el espíritu del tratado de 1904”. (La Razón, La Paz, 22 de abril de 1932. Pág. 1).

Como bien lo expresó el diputado chileno Tito Lisoni, para Chile era delicado el tema, pues, “desde un punto de vista del derecho positivo, en virtud a un pacto en vigencia que establece una servidumbre internacional en favor de Bolivia, servidumbre que en nada menoscaba la soberanía de Chile, que si se tratara de limitar el derecho de uso de una servidumbre prestablecida, ésta dejaría de ser tal y, en consecuencia, podría más bien reclamarse y aún desahuciarse el tratado que la establece, desde el momento que una de sus cláusulas ha dejado de cumplirse o, por lo menos, se ha desvirtuado en parte”.

Entonces, puesto que los países neutrales o –desde la declaratoria de guerra por parte de Paraguay– la Liga de la Naciones, pretendían emplear la amenaza de bloqueo de material bélico a Bolivia en los puertos chilenos o amenazaban a Chile por ser permisivo con el ingreso de armas a nuestro país, aunque esas noticias causaban inquietud y zozobra en el Gobierno y el ejército bolivianos, gracias a la pregunta de Mr. White –que originó el cuidadoso análisis de las implicaciones que una medida semejante podría tener sobre la vigencia del Tratado de Paz y Amistad de 1904– Chile se abstuvo de tomar tal medida, la que, con seguridad, hubiera impedido armar un nuevo ejército luego del desastre de Campo Grande y, menos, defender exitosamente Villamontes. Y queda para la historia contra fáctica qué consecuencias hubiera tenido en nuestras relaciones con Chile.

El autor es escritor