El Estado y el virus

A medida que la segunda ola amenaza la vida de la población, algunos sectores reclaman que se declare nuevamente cuarentena rígida, por el alarmante número de casos.

En perspectiva, aquellos que se presentaron como “redentores” del pueblo y justificaron el cierre obligatorio y total de actividades como la mejor decisión para frenar los contagios, resulta que paralizaron las obras de construcción y equipamiento del Plan de hospitales, no fijaron un plan de distribución para abastecimiento de los nosocomios y delegaron toda la responsabilidad a los municipios, cuando claramente este es un tema que necesita coordinación multilateral a fin de resguardar y proteger a los ciudadanos y la solvencia económica a largo plazo.

Es así que las medidas para apagar incendios, al día de hoy aún amenazan al sustento de muchos sectores, y provocan el cuestionamiento de que, si en verdad fue un papel importante para combatir la pandemia, ya que se podría lograr los mismos objetivos con el uso de máscaras faciales, restricción de reuniones en persona, pruebas y rastreo generalizados que mitiguen sustancialmente la propagación del virus. Pero es muy difícil una evaluación moral de las acciones que los gobiernos toman, puesto que mucho hace la conciencia pública de rechazo a las medidas de bioseguridad, la creeencia en curas milagrosas y el pensar que la Covid-19 simplemente desaparecerá.

A pesar del cuestionamiento individual, no cabe duda de que en todas las economías, los trabajadores con salarios más bajos han sufrido desproporcionadamente más que otros. Sin embargo, viendo que aquellos países con cobertura de salud universal han podido paliar de mejor manera la diferencia de clases, en contraste a aquellos gobiernos que dependen más en seguros basados por el empleador, se hace evidente la gran necesidad que encaminar al Estado hacia un seguro universal en la medida que los recursos lo permitan.

La autora es analista presupuestaria