Estrategia tributaria “matacambio” y transformación digital

El gobierno nacional tuvo que retroceder con el proyecto de ley sobre impuesto a servicios digitales. Era una propuesta improvisada, que desconocía el funcionamiento de la economía digital, que buscaba cobrar impuestos a empresas no registradas en Bolivia y que, en el fondo, terminaría gravando a los ciudadanos y empresas nacionales.

Son varias las lecciones que se extraen de la frustrada iniciativa. Hoy nos concentramos en los temas fiscales y los desafíos de transformación digital en el país.

La economía boliviana atraviesa una hambruna fiscal. Hace ocho años tenemos déficits públicos elevados. Eso significa que gastamos e invertimos más de lo que recaudamos. Esto se agravó en la pandemia y la cuarentena. En 2021 el déficit público será cercano al 9% del producto interno bruto (PIB). Esto es como 4.000 millones de dólares. El Gobierno ha concentrado su estrategia tributaria en conseguir más ingresos, pero a través de una táctica de “matacambio”. Desde la perspectiva recaudatoria, el Impuesto a las Grandes Fortunas y la propuesta de gravar los servicios digitales son mucho ruido para pocas nueces. Cobrar por chicles en los aeropuertos tampoco ayuda. El primero recaudó 30 millones de dólares y el segundo podría conseguir otros 15 millones de dólares. La aduana consignó 100 mil dólares. Lo colectado por ambos impuestos sería el 1,1% del déficit público. O el 0,1 % del PIB. Entre tanto, hasta ahora no vemos ninguna política pública que lleve a recortar gastos superfluos (propaganda gubernamental, por ejemplo), inversiones innecesarias y pare el contrabando en serio. El Estado sigue en su línea paquidérmica.

La situación fiscal es insostenible y, más temprano que tarde, se necesita un aumento significativo de los ingresos. Y por supuesto una racionalización del gasto.

La presión tributaria en Bolivia está alrededor del 24 % del PIB. Este es un valor ligeramente superior al promedio latinoamericano y está 10 puntos porcentuales por debajo del promedio europeo.

La economía boliviana tiene un sector informal gigantesco, genera cerca del 80% de empleos y trabajos de baja calidad. En lo que refiere a producción, es probable que estemos entre el 65 y 70% de informalidad. Cocaleros, comerciantes grandes, cooperativistas mineros, gremiales gigantes no pagan impuestos o lo hacen de manera marginal.

Cae de madura la idea que Bolivia necesita una reforma tributaria sustentada en un pacto fiscal. La reforma tiene los desafíos de ampliar la base tributaria: mucha más gente y empresas deben pagar impuestos, en especial en el sector informal. También implicaría bajar algunos impuestos y subir otros para hacer más competitiva a la economía nacional. Sin duda una tarea política sumamente compleja que requiere concertación para evitar desenlaces como el de Colombia.

Otra lección aprendida de la frustrada ley de impuestos a los servicios digitales es la constatación de que no se cuenta con una estrategia para encarar los desafíos de una economía digital. Empresas, personas y Gobierno están frente al desafío de la transformación digital que se aceleró con la pandemia. Según CiesMori, en el último año, 4 de cada 10 personas, en las ciudades capitales, ha comprado algún producto tecnológico con el propósito de trabajar o estudiar de manera online.

En este contexto de rápido cambio, Bolivia necesita urgentemente impulsar un desarrollo inteligente, que junte corto y largo plazo, basado en lo más valioso de la sociedad: su capital humano.

Uno de los cimientos de la reactivación económica debería tener un componente digital que pavimente el futuro. Algunos de los componentes de esta estrategia deberían ser la infraestructura de almacenamiento, y la gestión y transmisión de datos. Hace poco la empresa Tigo ha instalado una de las primeras nubes en el país. También es clave ampliar la fibra óptica y caminar rumbo al sistema 5G. En este contexto sería bueno conocer el rol del satélite Túpac Katari en los desafíos de la transformación digital.

Un segundo reto es la masificación de las tecnologías de la información para fomentar la educación, el emprendimiento, las políticas públicas de calidad y el desarrollo empresarial. Deberíamos impulsar ciudades inteligentes y parques tecnológicos en Bolivia. Por ejemplo, impulsemos la creación de conglomerados de tecnología en el altiplano boliviano, donde Google, Amazon, Netflix o Ali Baba, instalen sus nubes del Internet (complejos de servidores) para distribuir su señal en América del Sur. Estamos frente al desafío de convertirnos en un hub de la economía digital. Éstas podrían ser inversiones que superan los 5.000 millones de dólares. Crearían miles de empleos en el campo tecnológico. Algo muy diferente de conseguir 15 millones de dólares con un impuesto a las transnacionales.

Las condiciones en esta región del país son increíbles. En primer lugar, la energía renovable eólica y solar para hacer funcionar los grandes servidores de estas empresas. Segundo, mucho frío lo que permite bajar los costos de refrigeración de las nubes de Internet y, finalmente, complejos de baterías de litio para almacenar energía. ¿Sueño? No. Amazon instalará un servidor a 4.000 metros de altura en Jujuy al lado de un parque de paneles solares.

Por supuesto, también está la tarea de tener una legislación que incentive y apoye la transformación digital. El principal desafío: la seguridad jurídica y un sistema impositivo atractivo. También es central la transformación de la educación, en todos los niveles, para sintonizarla con las necesidades de la economía digital. Asimismo, se deben trabajar temas como la soberanía e identidad ciudadana digital, ciberseguridad, y por supuesto, gobierno digital.

El autor es economista