Tiranía vehicular

Es increíble cómo este país está lleno de “elefantes blancos”, es decir, obras de inversión pública de dudosa utilidad y/o con pésima planificación.

Un ejemplo de ello es el corredor Quintanilla, mamotreto lleno de falencias, improvisaciones e irregularidades, al punto que aquello fue admitido por funcionarios de la propia empresa adjudicada y por las nuevas autoridades del Gobierno Municipal de Cochabamba. Además, ¿qué clase de planificación pública mínimamente científica y racional pudo establecer como “prioridad” un distribuidor vehicular en una de las ciudades más contaminadas de América Latina y la más contaminada de Bolivia, justamente debido al desmedido parque automotor que tiene? ¿Qué clase de planificación pública mínimamente científica y racional se inclina por un distribuidor vehicular en lugar de promover el uso de la bicicleta o de establecer un sistema de transporte masivo ecológico en localidades ultracontaminadas?

Y encima, el mencionado bodoque se cargó árboles y áreas verdes en una urbe que ostenta las escalofriantes cifras del 2,58% de cobertura arbórea, en toda superficie, y apenas un 0,76% de áreas verdes arboladas (datos del Plan Maestro de Forestación y Reforestación, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 2017). En la primera fase de la obra, por lo menos se sacrificaron 17 de 23 árboles “trasplantados”. La segunda fase apuntaba a 44 árboles que posiblemente hubieran corrido el mismo destino sino fuera por la incidencia ciudadana y la justicia ambiental que obligaron al Gobierno Municipal a garantizar el trasplante de manera científica y cuidadosa, al punto de haberse traído de Perú un profesional experto en el área. Sin embargo, así sobrevivieran los árboles (más les vale), no se deja de reducir un corredor verde ante un adefesio de cemento y alquitrán. Una vez más, árboles, áreas verdes, espacios para peatones y ciclistas deben dar paso al reinado del concreto, del asfalto y del automóvil.

Por otra parte, para nadie es secreto que los transportistas hacen y deshacen en los gobiernos bolivianos hace décadas, así eso signifique el sacrificio del bien común. ¿No fue ilustrativo lo que sucedió el pasado fin de semana cuando los transportistas –por pura mezquindad y egoísmo– impusieron su voluntad de no “permitir” que trabajen deliveries?

Todo ello responde a un fenómeno más de fondo y relacionado con una cultura política de valores caducos que datan de los tiempos de Ford. Hay que recordar que la revolución industrial permitió el desarrollo del capitalismo en base a una producción más acelerada. Esto no significó la desaparición de las asimetrías sociales, al contrario, se pasó de la esclavitud y la servidumbre feudal, a la explotación del régimen del salario, erigiendo un ritmo de subsistencia frenético, mecánico y amargo.

Cual anillo al dedo, la invención del vehículo motorizado vino a complementar la pleitesía a la “productividad”, catapultando como incuestionable aquella forma de vivir siempre ávidos de cumplir con horarios, empezando por la escuela y terminando en las oficinas y las fábricas. El transporte motorizado implicó la inexcusable movilización de la fuerza de trabajo y fue imponiéndose en las mentalidades de todas las clases sociales la idea de que un auto es una “necesidad” y símbolo de estatus. El asfalto y el automotor se constituyeron como insignias tecnócratas y etnocéntricas de “civilización”.

Aquello ocurrió entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hoy, en pleno siglo XXI, varios países cultores de ese modelo se encuentran en pleno mea culpa por la insostenibilidad ambiental que genera, rescatando como joyas sus espacios verdes y reduciendo urgentemente el transporte motorizado. Pero tal parece que en Bolivia y Cochabamba estamos empecinados en ganar el “Concurso de valores arcaicos, nocivos, retrógrados y caducos”.

La autora es socióloga