El Plan, no la ley, es el problema mayor

Las primeras reacciones (de rechazo) a la Ley 1407, se refieren al percibido carácter centralista de la norma, que estaría violando la CPE y el régimen autonómico en su capacidad de planificación y uso de los recursos de las entidades territoriales autónomas. Sin duda, no es un tema menor, pero, desde nuestra perspectiva, su mayor falencia, es que obliga a dar continuidad a un proceso que no ha sido evaluado para establecer si está orientado en la dirección correcta (la del vivir bien).

Puntualmente, en el ámbito económico, la primera meta es “reconstruir la economía reinstaurando el Modelo Económico Social Comunitario Productivo con Estabilidad Macroeconómica” (MESCP); su impacto sería “una tasa promedio de crecimiento de 5,1% entre 2021 y 2025”. No explica por qué 5,1% (y no 5,5% o 4,5%), de manera que la sociedad no tiene criterios respecto de los beneficios o de los potenciales peligros de esa meta.

Reinstaurar el MESCP, implica que la sociedad se benefició con el modelo. Pero, ¿estamos mejor económicamente después de 15 años de proceso de cambio y, en consecuencia, tiene sentido seguir con el modelo hasta 2025? Parecería una pregunta ociosa, pero, después de todo, la única falla hasta ahora reconocida por el Gobierno, es que no pudo cumplir con el “pilar” de su modelo que buscaba la diversificación productiva.

Los resultados son contundentes en tres aspectos: los rasgos estructurales —el comportamiento de las cuentas nacionales; los rasgos sectoriales y regionales –el comportamiento de los sectores de actividad económica en cada departamento; y los “pilares” MESCP. La conclusión, incontrastable, es que estamos muy lejos de una economía diversificada, sostenible, con pleno empleo como condición de equidad y de viabilidad social.

Los promedios de las participaciones de las cuentas del ingreso y del gasto para el “neoliberalismo” (1998 a 2005), y para el proceso de cambio (2006 a 2016) muestran, respecto del período neoliberal, el aumento de la participación de los impuestos a costa de la remuneración a los asalariados; y, por el lado del gasto, mayor participación del consumo externo (exportación de materias primas) y, en menor medida, de la formación bruta de capital (inversión pública).

Pero el crecimiento del PIB liderado por el aumento de las recaudaciones y de las exportaciones de materias primas no es buena noticia. Los impuestos se transfieren al consumidor final, reduciendo directamente la capacidad de consumo de los salarios; la menor demanda reduce el empleo formal; y la exportación de materias primas genera poco empleo remunerado, pero genera divisas para “importar competencia”, que acentúa las presiones sobre la demanda y el empleo.

Se constata, además, que la presión tributaria “confiscó” a los asalariados 10 veces más recursos que los que el gobierno transfirió a los hogares a través de los bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto y Renta Dignidad, mientras que el patrimonio del sistema financiero pasó de ser el doble del monto anual en bonos (en 2008), a ser cinco veces mayor en 2016.

Los rasgos sectoriales y regionales evidencian que el crecimiento se sustenta en impuestos, en el sector financiero, y en la administración pública, sectores que, lejos de generar valor y empleo productivo, frenan la capacidad productiva e impiden la creación de empleo. En suma, el PDES 2021-25, que pretende reinstaurar el modelo, es inviable para construir una economía diversificada que genere los recursos para planificar y construir, con autonomía, un camino al desarrollo.

Olvida que, la economía, solo es saludable si responde a las necesidades de la gente en términos de empleo y bienestar, condición que no es posible alcanzar sin definir un “objetivo social” para la economía. El objetivo estratégico —ausente en el Plan de Desarrollo— debería ser una “economía de pleno empleo digno”, en el que la creatividad y el esfuerzo humano —no los recursos naturales ni el capital— sean la fuente de la creación de valor, y los hogares —no el Estado ni los dueños del capital— los directos y finales destinatarios de los beneficios del crecimiento.

Tal desafío requiere un realismo cercano a la desesperación, incompatible con el optimista discurso político. El optimismo infundado nos ha generado grandes frustraciones porque siempre se recurre a soluciones “políticas” de coyuntura que, en la práctica, impiden construir las condiciones objetivas reales para el desarrollo sostenido. Nuestro atraso no se debe a la falta de recursos ni de capacidades, sino a la incompetencia de la clase política incapaz de entender que el cambio crítico no es transformar para controlar la estructura de poder, sino que, quienes toman el poder, construyan la capacidad social de implementar nuevas ideas.

El autor es investigador en temas de desarrollo productivo